¿La voluntad del legislador o del sanchismo?

La deriva peronista de Sánchez es tan inquietante como alejada de la realidad. Estamos ante una huida hacia adelante que le conduce al desastre, pero parece que no quiere entender que no tiene un título habilitante para pisotear nuestro ordenamiento constitucional. Esperaba que el resultado de las elecciones europeas en España y el resto de la UE le hicieran reflexionar para regresar a la centralidad, pero ha sucedido todo lo contrario. Es posible que le apoyen los comunistas, los antisistema, algunos independentistas y los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA, pero es un mensaje de autoritarismo brutal apoyado por todos los que son enemigos declarados de la España constitucional. Unos, porque siguen la línea de la izquierda radical y populista iberoamericana que es el comunismo totalitario de toda la vida y los otros, porque quieren imponer una agenda secesionista para lograr la independencia de Cataluña y el País Vasco absorbiendo a Navarra. No debería escuchar los cantos de sirena de los dirigentes de ERC, Bildu y Sumar, porque chocará, además, con la UE y la mayoría de la sociedad que no quiere una regresión democrática.

Es insólito escuchar al presidente del Gobierno utilizar el término «la voluntad del legislador», para amedrentar al Poder Judicial. No es un poder soberano, sino uno de los tres poderes del Estado y debería existir un respeto escrupuloso sobre la independencia de cada uno de ellos. Hemos asumido que el Legislativo sea una marioneta del Ejecutivo y sus aliados, pero es inaceptable que se quiera imponer a los jueces y fiscales que acepten una ley que no se ajusta a Derecho y cuyo fin es claramente ilegítimo. La referencia a que Madrid es la sede de la máquina del fango significa ahondar en ese objetivo de radicalización partidista como hacía el corrupto matrimonio Kirchner en Argentina y otros líderes autoritarios de la izquierda iberoamericana. El vaciar al CGPJ para nombrar a jueces afines al Gobierno es una amenaza intolerable, pero sobre todo es el mayor atentado contra la separación de poderes desde la aprobación de la Constitución. No me sorprende que sea apoyada por sus socios comunistas, así como el intento de controlar a los medios de comunicación cuando existe una sólida doctrina sobre la libertad de expresión elaborada por el TC y el TJUE.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).