La izquierda maquiavélica y sus «hooligans» siempre vieron en la pandemia una oportunidad única para desgastar políticamente a los presidentes autonómicos populares y, de forma muy especial, a Isabel Díaz Ayuso, la gran pieza a batir en la batalla por Madrid. La estrategia fue sencilla. Además de desviar la atención sobre la negligente gestión del Gobierno en el fatídico año 2020, había que canalizar hacia la presidenta madrileña y sus homólogos regionales la ira lógica de la gente en esos momentos de incertidumbre y de secuestro de las libertades, como si fueran ellos y no Salvador Illa, Fernando Simón o el propio Pedro Sánchez los responsables de que España se situara entre los peores países del mundo en la lucha contra la covid.

En este contexto hay que enmarcar, por ejemplo, las diatribas constantes lanzadas contra Díaz Ayuso por asambleístas de PSOE y Más Madrid, y por diputados nacionales como Rafael Simancas, quien acusó a Madrid de ser la capital mundial de la letalidad, cuando en ese momento el récord lo ostentaban autonomías del PSOE. También las actuaciones acometidas desde el Ministerio de Sanidad para que Madrid no avanzara de fase en la desescalada mientras Illa se labraba su porvenir político en Cataluña. En sus ansias por penalizar electoralmente al PP en una comunidad vital para sus aspiraciones políticas, el Gobierno llegó incluso a inventarse un estado de alarma «ad hoc» para Madrid, protagonizando una de las actuaciones más arbitrarias y bochornosas que se recuerdan en los últimos años en España.

La estrategia se endureció con el paso de los meses y los corifeos mediáticos de la izquierda y sus «hooligans» contribuyeron a ello enormemente. A Díaz Ayuso y a su Consejería de Sanidad se les culpó de la muerte de miles de ancianos al frenar su traslado de las residencias a los hospitales, al tiempo que se denunciaba su imprudencia a la hora de mantener abiertos los bares, restaurantes y comercios frente a la responsabilidad de los demás barones, que acataban sumisos las órdenes de unos expertos que nunca existieron. Eran tiempos en los que se criticaba también a Ayuso por ocupar el apartamento cedido por Kike Sarasola y por otorgar contratos de material sanitario a su hermano, como si las adjudicaciones efectuadas desde el Gobierno hubieran sido irreprochables.

El tiempo, sin embargo, ha ido desmontando poco a poco tan torticeras recriminaciones aireadas a los cuatro vientos. Lo del piso de Sarasola quedó en nada. Como los contratos de las mascarillas. La Justicia también ha destapado la gran mentira de la izquierda y sus «hooligans» sobre las residencias. Lo hizo ya una vez y lo ha vuelto a hacer, al eximir a la Comunidad de Madrid de la responsabilidad de los fallecimientos ocurridos en ellas. Juan Lobato, alias Simancas 2, y la vociferante Mónica García deberían tomar nota de lo dictado por la Audiencia Provincial de Madrid y pedir perdón a Díaz Ayuso por sus acusaciones e insinuaciones. Y también a todos los madrileños por haberles mentido durante estos años. La última perla del despropósito maquiavélico de la izquierda y sus «hooligans» ha corrido a cargo del famoso «Tito Berni», el diputado socialista que trapicheaba con las mordidas y, por lo que parece, también con las putas. En abril de 2021 tuvo la desfachatez de recriminar a la presidenta de la Comunidad que mantuviera abiertos los bares y restaurantes mientras él y otros compañeros de partido hacían tratos con empresarios precisamente en restaurantes, hoteles y prostíbulos. Otra campaña desmontada.