Subasta de promesas

En la memoria colectiva de la generación de la Transición, está esculpida en piedra la oferta de creación de 800.000 puestos de trabajo como propuesta estrella del programa electoral con la que el PSOE se presentó a las elecciones generales de 1982, en las que Felipe González asumió la presidencia del gobierno por vez primera. Tras el fiasco de esa promesa, Felipe tuvo la honestidad intelectual de reconocer su error y afirmar «que se callaba para siempre sobre eso, y porque además los empleos los crean los empleadores y no el Estado». Incluso años después reconoció que «prometí crear 800.000 empleos y esa cifra fueron exactamente los puestos de trabajo destruidos». Pese a ello, la tentación de hacer promesas cuantificadas sobre el empleo y otras cuestiones sensibles para la gente no ha sido superada por los candidatos. Ahora, Pedro Sánchez –cuya palabra y promesas electorales gozan de un nivel de credibilidad manifiestamente mejorable– se ha lanzado a la piscina prometiendo sacar una oferta pública de 50.000 viviendas procedentes de la Sareb, como promesa estrella de su ley de vivienda, cuya primogenitura política reivindican sus socios podemitas. Esa oferta supondría elevar del 3% al 20% la vivienda pública en España, y con precio de alquiler por debajo del establecido en el mercado inmobiliario. Ese ente es conocido coloquialmente como el «banco malo» por haber sido creado en 2012 para adquirir y gestionar –por exigencia de la UE que financiaba la operación– el notable patrimonio inmobiliario que la crisis financiera provocó en el sector de la vivienda y el bancario, en especial en numerosas cajas de ahorro, por las hipotecas. Ya hace dos años, el entonces ministro del ramo José Luis Ábalos, prometió poco antes de ser cesado y en sede parlamentaria, una oferta similar pero en cuantía doble, 100.000 viviendas, de las cuales nunca más se supo hasta ahora. En cualquier caso, es obligado reconocer que es preferible para «el bloque político de la moción de censura» –es decir el sanchismo– debatir en campaña electoral acerca del número de viviendas públicas que realmente son puestas a disposición de los españoles a alquileres asequibles que hacerlo sobre los «fachas con toga» y de la cifra de violadores y maltratadores que su ley «referencia mundial del feminismo», pone antes de tiempo en la calle. En última instancia, es algo asumido por la ciudadanía que –como dijera en su día el profesor y Alcalde de Madrid Enrique Tierno Galván–, la gente sabe que «los programas electorales están para no cumplirse». Y si son comprometidos por Sánchez sobran palabras al respecto.