Lo que la verdad esconde

La Mesa del Congreso ha aceptado, con el voto favorable de PSOE y Sumar, calificar una proposición no de ley de ERC para «reconocer la existencia de casos de guerra judicial en España». Por otro lado, se está planteando la necesidad de establecer ciertos controles en el ejercicio del derecho de prensa, y en este contexto se reclaman «periodistas de verdad», estando a un paso de reclamar también «jueces de verdad», y lo realmente comprometido es lo que se esconde tras este concepto aplicado a jueces y periodistas. Resulta paradójico que en una democracia madura como la nuestra algunos, especialmente desde las mismas entrañas del poder ejecutivo, sitúen el riesgo para la democracia precisamente en dos baluartes esenciales, el poder judicial y los medios de comunicación. El cumplimento de la ley, el ejercicio de la jurisdicción y la información veraz son instrumentos fundamentales en una democracia, incluso para su propia subsistencia, y quien teme la aplicación de la ley por los jueces y el desenvolvimiento de la información veraz debería pensar que tiene un serio problema con sus convicciones democráticas. Nadie duda que se dan y concurren en la conformación de la opinión pública desinformaciones, noticias tendenciosas y a veces sencillamente mentiras, así como también que se dan decisiones judiciales erróneas, pero ello en modo alguno puede cuestionar la importancia de la prensa libre y de un poder judicial independiente, precisamente cuando por su adulteración se mueren las democracias (Vid. Venezuela). En este escenario se está atribuyendo a jueces en concreto que en sus resoluciones priman actitudes prejuiciosas dirigidas a utilizar los procesos judiciales como armas políticas al servicio de intereses partidistas; responsables políticos no se paran en barras a la hora de cuestionar decisiones judiciales empleando el término derecha judicial, lo cual determina que debe existir una izquierda judicial, o también derecha mediática contraponiéndose también a la izquierda mediática, de tal suerte que unos deben ser los buenos y los otros los malos, unos los defensores de la democracia y los otros los que intentan acabar con la misma, en definitiva los de verdad y los falsos. Las críticas son necesarias en un contexto democrático, pero nunca pueden traducirse en indebidas presiones que puedan comprometer la independencia judicial. Resulta peligroso que en un país con una gran madurez democrática se deba estar recordando que uno de los principios básicos de un Estado de Derecho es precisamente asumir como incuestionables el respeto a la Ley y a las resoluciones que en su aplicación dicten los tribunales. Las resoluciones judiciales no son factores que faciliten o entorpezcan proceso político alguno, en tanto en cuanto, las decisiones judiciales tienen como único efecto directo resolver conflictos jurídicos concretos. Por otro lado, las noticias falsas y la desinformación se combaten con más información veraz, no limitando la libertad de prensa. Lo realmente peligroso es que para solventar este artificial problema se está creando un falso relato que genere en la sociedad la necesidad de abrir vías de regeneración democrática, cuyo inicial dibujo ya se aparta del cumplimento no sólo de la Ley, sino de las normas que deben regir una mínima convivencia. El desorden legal, moral o de cualquier tipo genera más desorden y al final, un caos inaguantable e inasumible, que podría estar explicando respuestas cada vez más violentas en el seno de sociedades como las europeas que hasta ahora se han comportado de una manera bastante civilizada. Por último, resulta nauseabundo que un hecho criminal como el atentado contra el primer ministro eslovaco se utilice para demonizar al adversario. Lo que la verdad esconde es otro problema y el tratamiento ha de ser serio, maduro y sobre todo alejado de un impostado victimismo.