Suele decirse que activos digitales como Bitcoin o Ethereum son activos digitales anónimos que, por consiguiente, garantizan elevados estándares de privacidad. Sin embargo, esto no es cierto: las transacciones de Bitcoin o Ethereum son pseudónimas, esto es, están asociadas a una identidad digital que el resto de ciudadanos no tienen por qué conocer a qué identidad real se corresponde. Ahora bien, si por algún motivo la sociedad llegara a conocer qué identidad pseudónima digital se asocia con qué identidad física real, la cadena de bloques de Bitcoin o Ethereum (una especie de registro histórico de absolutamente todas las transacciones que han tenido lugar mediante estas monedas digitales) revelaría al resto de la sociedad toda la información de esa persona relativa a cuántas unidades de Bitcoin o Ethereum posee, de dónde las ha obtenido y en qué las ha utilizado.

Es decir, que si no se toman las adecuadas precauciones, la privacidad puede quedar mucho más diluida con estos «criptoactivos» que con medios de intercambio más tradicionales. ¿Y qué precauciones es posible adoptar? Una de ellas reside en el uso de herramientas que sirven para anonimizar transacciones como los protocolos tipo «coinjoin», que combinan las transacciones que efectúa una determinada identidad digital con las de otras identidades digitales, de tal manera que meramente observando las cadenas de bloques de estos criptoactivos se dificulte mucho determinar cuáles son las específicas transacciones y las tenencias de criptoactivos de una determinada identidad digital (y, por tanto, tampoco de la identidad real que se halla detrás de la misma).

En las últimas semanas, sin embargo, el aparato represivo de los Estados occidentales (desde Estados Unidos a Países Bajos) ha perseguido y sancionado a los promotores de varias de estas herramientas (como Samourai o Tornado Cash) bajo el argumento de que algunos usuarios las estaban utilizando para blanquear capitales: argumento similar a detener al inventor y al fabricante de una determinada marca de cuchillos porque algunos los utilizan como arma blanca. De esta manera, al cerrar, perseguir y sancionar a los impulsores intelectuales de herramientas que permiten salvaguardar nuestra privacidad digital, los Estados exponen a los ciudadanos al enorme riesgo de que el resto de la sociedad posea información muy sensible sobre ellos: información que puede poner en riesgo su seguridad personal tanto frente a criminales privados (que podrían intentar extorsionar a una persona de la que conocen sus posesiones de activos digitales) o frente a criminales públicos (futuros tiranos o terroristas que quieran castigar a quienes usaron sus criptoactivos para financiar actividades que desean perseguir o ilegalizar). Debemos exigir respeto a nuestra privacidad como forma de proteger nuestra libertad y nuestra seguridad.