Durante una visita a Londres la reina Luisa de Suecia salió a dar un paseo por la ciudad. De incógnito, sin escoltas y sin documentación, su escapada estuvo a punto de acabar en tragedia cuando un autobús casi la atropella. Pese a ser consciente de las consecuencias que podría tener cualquier contratiempo, decidió continuar su aventura, eso sí, con una nota aclaratoria en el bolso: «Soy la reina de Suecia». Anécdota puro siglo pasado. En la era premóvil, preinternet, preInstagram (pre-todo-lo-que-nos-inunda) aún se podía mantener un cierto nivel de anonimato. El sino de los tiempos modernos, en cambio, ese salto abismal que casi transforma años en siglos y que aleja la experiencia de generaciones contiguas, haría hoy imposible una desaparición como aquella.

Aunque este mes de octubre, tan significado, tan regio y tan conectado con la historia, sí nos depara otras huidas. No son novedosas en absoluto, es cierto, pero siguen resultando sorprendentes por su persistencia, a pesar de demostrarse gestos vacíos, y también desconciertan por su reiteración y falta de respeto democrático. PNV, ERC, Junts, EH Bildu, BNG y buena parte de Sumar ya han anunciado que no acudirán a la ceremonia de la jura de la Constitución de la Princesa Leonor en el Congreso. El plante sistemático de representantes públicos a determinados actos de evidente relevancia se ha convertido en un desafecto clásico de una España en la que el concepto de convivencia es cada vez más resbaladizo. Ni las conmemoraciones de la Carta Magna ni las rondas con el Rey en Zarzuela para la designación de una candidato a presidir el gobierno ni ahora la puesta de largo civil de la Heredera de la Corona merecen la presencia de determinados cargos, según entienden los propios prófugos. Un ejercicio de distorsión que confunde libertad de pensamiento y expresión con decoro institucional.

Más allá de debates artificiales sobre la forma de organización del Estado (ya intentados sin éxito), esas espantadas oficiales evidencian, además, las incoherencias y deslealtades de quienes las protagonizan: todos ellos prometieron o juraron lealtad a la Constitución en tanto que cargos públicos y, por tanto, a la Monarquía, parlamentaria para más señas. Ese comportamiento caprichosamente antidemocrático, descreído del sistema político que compacta a los españoles, contrasta con la madurez demostrada por la Princesa Leonor, que no se oculta, que afronta sus responsabilidades y garantiza la continuidad de la Jefatura del Estado, de sus valores y principios como asidero común. Menos mal.