Voz y voto para las víctimas

El día de ayer fue, seguramente, uno de los días más amargos a los que se han enfrentado las víctimas del terrorismo en bastantes años. También para el resto de los españoles ha sido una jornada aciaga. Al mismo tiempo que la terrorista Inés del Río salía de la cárcel, el Tribunal Superior de Londres decretaba la libertad condicional de otro asesino múltiple, Antonio Troitiño, reclamado por España. Es decir, dos integrantes del sanguinario «comando Madrid» son los primeros beneficiados por el Tribunal de Estrasburgo. Es comprensible que el sentimiento general sea de indignación y que las asociaciones de víctimas hayan convocado una manifestación de repulsa para este domingo. Están en su derecho y merecen comprensión y apoyo. Precisamente por eso, el Gobierno tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros del viernes un Estatuto de las Víctimas, cuyo objetivo es reforzar sus derechos procesales y de otra naturaleza. Así, aunque no estén personadas en el proceso podrán recurrir tanto el archivo de causas como aquellas decisiones judiciales de especial trascendencia, como la concesión de libertad condicional o el alzamiento del periodo de seguridad si no se ha indemnizado el delito cometido o si existe peligro para la propia víctima. Las facultades que otorga este Estatuto son de especial relevancia tras la anulación de la «doctrina Parot» porque, al conceder a las víctimas un papel protagonista y no meramente de actor pasivo, obliga a contar con ellas en los recursos de excarcelación. Como ayer manifestó el fiscal general del Estado, la sentencia de Estrasburgo se refiere exclusivamente a Inés del Río, de modo que su aplicación extensiva a otros etarras ha de pasar necesariamente por el tamiz de la Fiscalía y de las víctimas. Exigencia procesal que ha de cumplirse escrupulosamente para no añadir más ignominia y para no arrojar más sal sobre la herida de las víctimas. Hay que tener en cuenta que no todos los terroristas condenados antes de 1995 podrán beneficiarse de la sentencia de Estrasburgo y es en esos casos donde el Estatuto que se aprobará el viernes está llamado a ser más eficaz. Además, el Gobierno tiene la grave obligación de impedir que la excarcelación de etarras se convierta en un desfile triunfal para la banda y su brazo político, Bildu y Sortu. A tenor de lo visto en las primeras horas de libertad de Inés del Río, que fueron retransmitidas en directo a través de las redes sociales por la nutrida comitiva que acudió a recibirla a las puertas de la prisión, es fácil prever cómo los batasunos utilizarán ésta y las siguientes excarcelaciones para sus objetivos políticos y electorales, con manifestaciones públicas de triunfalismo. Le corresponde a la Justicia, con las armas que le son propias, impedirlo y acompasar su acción para que no se humille a las víctimas.