El acuerdo climático alcanzado ayer en París por 196 delegaciones de todo el mundo es un hito histórico que merece celebrarse a la espera de ver cómo se aplica lo allí acordado en cada uno de los países firmantes, de muy distinta condición. El contenido es tremendamente ambicioso desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, tal y como declaró la ministra de Agricultura y Medioambiente, Isabel García Tejerina, y es de justicia destacar el enorme esfuerzo del Gobierno español en la consecución de un compromiso que deberá revisarse cada cinco años. La imposición de este plazo ha sido también un éxito de la mediación de la Unión Europea y de su comisario de Acción por el Clima y la Energía, Miguel Arias Cañete. El documento recoge la «voluntad» de que el aumento de la temperatura del planeta se sitúe por debajo de 1,5ºC, una cifra muy inferior a la que se barajaba al comienzo de las negociaciones. Nunca se soñó con llegar a tanto. Otro de los hallazgos es su carácter universal y que será jurídicamente vinculante, aunque no explicita la manera en que cada país deberá reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. También implica financieramente a los casi 200 firmantes del acuerdo. Eso sí, cada uno en la medida de sus posibilidades.