Justificación de una reforma

La última edición del informe PISA, hecha pública ayer, insiste en la deficiente formación de los alumnos españoles, que vuelven a dar resultados por debajo de la media de los países industrializados cuando se trata de afrontar actividades cotidianas tan simples como calcular una ruta en el metro, programar un electrodoméstico, seguir unas instrucciones escritas o llevar a cabo transacciones comerciales por internet. Actividades sencillas, en su mayoría, pero que implican una mínima comprensión lectora y saber aplicar los conocimientos matemáticos aprendidos a la hora de resolver problemas. Los estudiantes españoles de 15 años –objetivo de la muestra estadística– han obtenido unos resultados 23 puntos inferiores a la media de la OCDE, una brecha que resultaría aún mayor de no ser por los buenos resultados obtenidos por la Comunidad de Madrid, que se convierte en la única región que supera los porcentajes de la UE. Es muy significativo el bajo rendimiento de los alumnos que proceden de familias de alto nivel socioeconómico, con progenitores con estudios superiores, lo que constituye una llamativa anomalía con respecto al resto de los países examinados. Pero, al mismo tiempo, prueba las consecuencias nefastas de un igualitarismo mal entendido, que promueve una uniforme mediocridad entre los alumnos. Como se reitera en otras ediciones del informe, el problema no radica tanto en una financiación insuficiente de la enseñanza en España, dotada presupuestariamente por encima de la media de la UE –concretamente, un 15% más–, como de un sistema educativo deficiente que era imprescindible reformar. No se entiende que en un país donde los jóvenes de 15 años cuentan casi con un ordenador personal por cabeza, éstos estén muy por debajo de la mayoría de los adolescentes europeos en el uso de la informática y de las redes de la información. La responsabilidad de la situación alcanza en general a los gestores del sistema, pero tiene su causa principal en unas leyes –la Logse y sucedáneos– promulgadas por los gobiernos del PSOE, en las que han primado intereses ideológicos sobre los formativos. Si, hoy, España tiene los índices más altos de fracaso escolar –un 25% de los jóvenes no termina la enseñanza obligatoria– y el mayor porcentaje de alumnos repetidores –un 33% frente al 17% de los países de la OCDE– no se debe a la casualidad ni a la fatalidad, sino que es la consecuencia de la filosofía educativa del PSOE, cuyos frutos más amargos son el fracaso escolar y una tasa escandalosa de paro juvenil. Ante la tozudez de los hechos, el sector educativo está llamado a colaborar sin reticencias en la aplicación de la nueva reforma educativa impulsada desde el Gobierno de Rajoy que, además, otorga mayores márgenes de autonomía a los profesores y directores de institutos. Otra actitud, simplemente, no se justifica.