No es Lamela, son los votos

Cualquiera que se haya tomado la molestia de leer el auto de la juez Carmen Lamela, que decretaba este pasado jueves la orden de prisión para varios ex miembros del Govern puede mostrar más o menos desacuerdo en según qué detalles, pero nunca en la solidez de los argumentos dados los cargos, incluidos por obra y gracia del «itinerante» Puigdemont los de riesgo de fuga y destrucción de pruebas. Pero en un país donde, a pesar de la división de poderes garantizada por el estado democrático de derecho nunca se ha dudado en exigir a los jueces que se comporten con mentalidad de políticos, la reacción del secesionismo catalán y de esa parte de la izquierda siempre dispuesta a abrir el saco de las nueces ya estaba tardando en llegar desde el minuto uno de los ingresos en Estremera y Alcalá Meco.

Tal vez por ello tampoco sea momento de llamarse a engaño. Con independencia de que el lento pero implacable fluir de la justicia vaya a condicionar inevitablemente la campaña hacia las elecciones del 21-D y de que sean precisamente el Gobierno y el bloque constitucionalista los más perjudicados por el incremento del victimismo, de lo que no caben demasiadas dudas es de que las llamadas a una candidatura unitaria desde el soberanismo, por mucho que, de cara a la galería muestren la necesidad de una voz única contra el encarcelamiento de los ex consejeros ahora catalogados como «presos políticos», a lo que realmente responden es al pavor por la pérdida de una mayoría absoluta en escaños dando por amortizado que en sufragios, mientras no se demuestre lo contrario –y farsas como la del 1 de octubre aparte– no existe tal mayoría. Ergo, lo que tratan de salvar con lista común son, primero los votos y después los votos.

Las dos Cataluñas que concurren a los comicios de diciembre tienen, de cara al resultado de las urnas, los mismos inconvenientes sobradamente demostrados en experiencias anteriores fuera de esta comunidad. El frente independentista corre el riesgo de que tres más uno, no tenga porque ser igual a cuatro –pregunten a Iglesias y a Garzón– mientras que las formaciones constitucionalistas no tienen más que recordar lo ocurrido en aquellos comicios vascos en los que la «entente» previa del socialista Nicolás Redondo y el popular Jaime Mayor terminaba por trasvasar votos de Batasuna al PNV ante el temor de una llegada a Ajuria Enea del candidato del PP. ETA había asesinado días antes al líder de los populares en Aragón Manuel Jimenez Abad. Ni eso sirvió.

Con este panorama en ciernes, sólo los «comunes» de Colau y en menor medida el socialista Iceta pueden tener la llave. La primera ya en su hora de «recogida de beneficios» entre el secesionismo descabezado y el segundo tal vez ante una histórica decisión post 21-D, o caminar junto al bloque constitucional o prestar oídos a un entendimiento con Esquerra y «podemitas» previa promesa de referéndum pactado vía reforma constitucional... pero eso claro está habría que explicarlo en Mérida o en Sevilla.