«Doctor quiero operarme. ¿De qué tengo que operarle? Ni idea, mi ocurrencia es hacer cambios en mi cuerpo, los que sean. ¿Pero cómo voy a realizar una intervención quirúrgica sin saber para qué, ni dónde? En el hígado, en el corazón, en los pulmones, o en cualquier órgano. No pienso acceder a una petición tan innecesaria e insensata. Doctor, está usted en el inmovilismo».

Si alguien piensa que la situación relatada es absurda, está en lo cierto. Si alguien piensa que eso no puede pasar, se equivoca. «Hay gente pa tó» como le dijo el Gallo, Guerrita, o Lagartijo –que a los tres se les atribuye– a Ortega y Gasset.

Algunos repiten constantemente que hay que modificar la Constitución, que es necesario alterarla. Pero, como el deseoso de operarse, tampoco dicen qué cambios desean realizar, qué ambicionan transformar, qué pretenden incluir o quitar.

¿Quieren suprimir que toda persona tenga derecho a la libertad y a la seguridad, como dice el artículo 17? ¿Quieren cambiar que la mayoría de edad sea a los dieciocho años, como establece el artículo 12? ¿Quieren quitar que los españoles sean iguales ante la ley, como dispone el artículo 14?

Se podría preguntar por cada uno de los artículos de la Constitución, y lo pregunto: ¿qué artículos quieren modificar el PSOE, IU y Podemos?, ¿o les da igual lo que se cambie?

La Constitución Española de 1978 fue aprobada en el Congreso con 325 votos a favor, 14 abstenciones, y 5 votos en contra. Sometida a referéndum, fue ratificada con el 87,78 % de los votos. Ha sido la única de nuestras cartas magnas refrendada y aprobada en referéndum por los españoles. Ese gran consenso ha sido sin duda una de las razones del éxito democrático de España, después de una larga dictadura. Parece que algunos no se dan cuenta de la importancia del mayor respaldo posible para elaborar o modificar nuestra norma fundamental. Puede que otros sí se den cuenta, y precisamente por eso, y por sus objetivos, promueven cambiar la Constitución con el menor apoyo posible.

Uno de los aspectos más controvertidos de nuestra Constitución es la organización territorial de España. En el desarrollo legislativo del Estado de las Autonomías han sido constantes las modificaciones que se han ido produciendo. Jamás ha habido inmovilismo en el Partido Popular para mejorar los estatutos de nuestras comunidades autónomas, para intentar que los servicios que prestan a los ciudadanos sean más eficientes. Y uno de los dirigentes del PP que ha destacado en esta tarea es Mariano Rajoy. Felipe González y José María Aznar firmaron en 1992 un pacto autonómico de gran importancia. Rajoy fue quien lideró por el Partido Popular la negociación y el acuerdo –Ruiz-Gallardón, Jorge Fernández, y por el PSOE, Abel Caballero y el recientemente fallecido José María Benegas, como ha recordado el presidente del Gobierno, también participaron en aquella reforma.

En cualquier modificación que se haga, como ha ocurrido en todas, habrá un requisito imprescindible, que se respetará siempre. Que sea legal. Por esa obstinación que tiene Rajoy con lo de acatar la ley, la izquierda le llama inmovilista.

Por muchas veces que algunos pretendan imponer que Cataluña no sea España ni forme parte de la Unión Europea, Rajoy se mantendrá firme e invariable –definición de inmóvil– cumpliendo y haciendo cumplir la ley, como es su obligación. Por mucho que se reitere que algunos pueden decidir por todos, Rajoy estará firme e invariable cumpliendo y haciendo cumplir la ley; entre otras normas, lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución: «La soberanía nacional reside en el pueblo español» –ni en Mas ni en menos–.

Separar Cataluña de España y de la Unión Europea sería perjudicar gravemente a los catalanes y al resto de los españoles. Ese inmovilismo que critican los volátiles es precisamente lo que se le exige al presidente Rajoy: que no varíe ni un milímetro su defensa de los intereses y los derechos de los españoles. De todos.