El ejemplo de la negociación colectiva

La cercanía de un proceso electoral de ámbito nacional es un momento propicio para escuchar de los distintos partidos todo tipo de propuestas ingeniosas. La articulación de posibles pactos de gobierno, de investidura, o el lanzamiento de una nueva campaña electoral, se convierte también en un momento propicio para que surjan de nuevo. Eso es lo que ha ocurrido con el acuerdo firmado entre C’s y PSOE, en el que se incluyen algunas cuestiones que estaban en las propuestas electorales de cada uno de ellos, y otras que resultan sorprendentes por cuanto van en contra de sus postulados ideológicos. Y algunas son especialmente llamativas pues detrás de ellas se vislumbran, más que el interés general, el interés de organizaciones y colectivos hoy casi desaparecidos de la escena pública por su contribución activa a la crisis profunda que padecemos. Esto ocurre con la propuesta de que los convenios colectivos de las empresas queden supeditados a los convenios del sector, negociado por las estructuras sindicales superiores, relegando a los representantes de los trabajadores presentes en el comité de dicha empresa. Propuesta que contó ya en campaña con el apoyo de los sindicatos y la patronal.

Su implantación daría marcha atrás en uno de los avances más importantes que incorporó la reforma laboral. Hasta entonces, la negociación colectiva en el ámbito de la empresa se veía condicionada por la existencia de un convenio marco del sector económico en que se encuadraba, lo que provocaba que muchas de ellas, al tener que adaptarse a las condiciones del mismo, les impedían ser viables.Por el contrario, para otras empresas cuya capacidad y situación era mejor que las que les fijaba el convenio del sector, éste les otorgaba un marco de negociación relativamente cómodo, a la vez que se convertía en un instrumento de negociación ventajoso para ellas. El sentido común dice que las empresas de un mismo sector tienen situaciones diferentes en volumen de negocio, estructura, deuda que hacen que las condiciones de negociación sean distintas, y que por tanto, sus convenios colectivos deban adaptarse a la realidad de cada una de ellas, y en consecuencia, ser diferentes en cada caso. Con la aprobación de la reforma laboral, esta limitación de la capacidad de cada empresa para acordar las condiciones laborales con sus empleados en razón a su propia situación y a sus posibilidades de cada momento se eliminó, permitiendo que los convenios colectivos se negociasen a nivel de empresa, limitando a su vez la ultractividad de los mismos para dar más capacidad de adaptar las condiciones laborales de los convenios a la realidad cambiante de esas empresas para hacerlas viables, y muy especialmente en un momento en el que padecemos una grave crisis económica que impacta de manera distinta en cada una de ellas. A su vez, detrás de esa pretendida uniformidad del convenio del sector, -bajo la apariencia de una garantía de mínimos de las condiciones laborales para todos los trabajadores, y de certeza para los empresarios-, se encuentra el interés de patronales y sindicatos de elevar el ámbito de la negociación por encima del de la empresa para justificar y reforzar sus estructuras y su posición en el ámbito regional, provincial o nacional.

Esta propuesta, pretende de nuevo controlar e imponer las condiciones laborales a todos los trabajadores apoyándose en los sindicatos de clase a los que se han vinculado tradicionalmente, utilizándolos como instrumentos de sus políticas y como agentes electorales. No sorprende la propuesta del PSOE y el apoyo sindical. Pero sí el de Ciudadanos y sobre todo el de los empresarios, cuya explicación parece ser semejante a la de los sindicatos: la pugna por la fuerza, representatividad y supervivencia de ambos en un Estado descentralizado como el nuestro, en el que muchas de las competencias se han transferido a las CCAA, lo que limita su posición en favor de sus estructuras regionales. Posición que ya hemos visto antes en otros temas donde se manejan grandes cantidades de dinero público, como es el caso de la formación de los trabajadores, cuyos escandalosos resultados son de todos conocidos.

La razón de ser de patronales y sindicatos está en su capacidad de atraer voluntariamente a trabajadores y empresarios a sus organizaciones por la efectiva defensa que hacen de los intereses de unos y otros, y por la utilidad de los servicios que les prestan. Y no en la defensa de los intereses de la propia organización y de quienes las dirijan en cada momento, pretendiendo la consolidación por ley de sus privilegios para garantizar así su supervivencia. La propuesta incorporada a ese Pacto profundiza en los errores del pasado y se aleja una vez más de la defensa de los verdaderos intereses de trabajadores y empresarios, y del adecuado funcionamiento de una economía en un régimen de libre mercado, y hace ser escéptico sobre el papel que Ciudadanos quiere jugar en este campo.