Hace casi una década que, desde diversos ámbitos, se viene alertando acerca de los nubarrones que se ciernen sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones español, sin embargo, pese a ser uno de los grandes problemas de Estado, no ha habido ningún partido político que lo haya situado en el centro del debate con el objeto de consensuar una reforma que despeje el horizonte de millones de españoles.

Los fondos de pensiones son una invención relativamente reciente en la historia de la humanidad. Surgieron en Prusia, en el siglo XIX, como un sistema de reparto, esto es, los activos generan un fondo único que sirve de fuente de ingreso permanente para las personas que se jubilan.

La idea era que al hacerse mayor no sobreviniera el desamparo de quien se jubilaba. Además, la pensión sirve para mantener un estatus de vida y, por tanto, es una inyección al consumo y al ahorro nacional; con la crisis se ha demostrado que muchas familias han sobrevivido con las pensiones de los abuelos.

En el mundo desarrollado, la alta concentración del capital industrial y la concentración a partir de fusiones que se da en los bancos desde los inicios del siglo XX, originó que bancos y empresas empezasen a trasladar recursos financieros en forma de acciones que eran invertidas en los sectores de máxima rentabilidad.

La crisis económica ha puesto de manifiesto que las entidades financieras han dejado de asumir la responsabilidad histórica de su existencia, prestar dinero, para dedicarse a invertir en los negocios más rentables, como son los seguros de vida o las pensiones. Los gobiernos, a través de sus incentivos fiscales, han sido el útil necesario de los bancos y, entre ambos, han creado el caldo de cultivo oportuno para impulsar los fondos de pensiones privados.

Algunos responsables políticos hablan demasiado de lo que no conocen bien, contribuyendo a la desmembración de algunos logros históricos. Un ejemplo es la Sra. Villalobos, que ha declarado públicamente hace unos días que «tenemos la obligación de decirles a los que hoy tienen 45 años: cuidado, preocupaos del ahorro».

Con ello, animaba a las personas de mediana edad a suscribir fondos de pensiones privados. Quizá desconozca un par de extremos sobre esta manera de ahorrar. Lo primero es que si te jubilas y te dispones a cobrar tu pensión privada por cuenta de esos fondos, te dirán, siendo cierto, que mejor renuncias a tu mensualidad, sacas el fondo acumulado, devuelves a Hacienda lo que te desgravó y te lo gastas o lo inviertes, porque si escoges la mensualidad perderás dinero.

El segundo, que si uno suscribe, por ejemplo, un seguro de vida, lo puede rescatar y así recobrar el dinero invertido, pero los fondos de pensiones no se pueden rescatar. Para cobrarlos es preciso demostrar que te has jubilado. A los suscriptores de los fondos no les interesa esa cláusula y a la Seguridad Social tampoco, los únicos interesados en esta impresentable norma son los bancos. Ellos son los únicos beneficiarios de este ahorro incentivado.

La Sra. Villalobos no es la única, en política, que se zafa de sus responsabilidades endosándoselas a quien no las tiene, en este caso, los ciudadanos. Son diputados para legislar la manera para que el sistema de pensiones público sea sostenible, no que sean más rentables los privados.

Luis Jiménez de Asúa decía que «el auténtico político no es el que pone su vela al viento de la opinión pública sino el que es capaz de decirle al pueblo: “No tienes razón“», daba por sentado que ya habían dicho «no» a los poderes económicos cuando no la llevaban.