La ley de las consecuencias no intencionadas sostiene que las acciones tienen consecuencias que normalmente escapan del control y del plan original del actor. Tomamos decisiones buscando ciertos resultados que luego guardan escasa relación con los esperados: e incluso pueden ser directamente opuestos a ellos. Esta ley opera con particular intensidad en el campo de la política: dado que las decisiones de nuestros gobernantes afectan muchas variables que escapan de su dominio y conocimiento, terminan desatando efectos que no preveían. Éste acaso podría ser el caso de la llamada «Ley Montero» o «Ley Sólo Sí es Sí». La justificación ideológica de esta reforma penal se construyó durante el año 2018 cuando las relaciones sexuales no consentidas entre cinco hombres y una mujer en Pamplona (caso de La Manada) fueron calificadas como «abuso sexual» por dos tribunales (Audiencia Provincial de Navarra y Tribunal Superior de Navarra) en tanto en cuanto sus magistrados no apreciaron que concurriera ni violencia ni intimidación (de haberlo apreciado, las habrían calificado de «agresión sexual»). Esa calificación jurídica llevó a que fueran condenados a una pena de 9 años de cárcel, inferior a la que habrían sido sancionados en caso de concurrir violencia o intimidación. Por ello, desde Podemos comenzaron a argumentar que el Código Penal español era un código machista y patriarcal que presuponía que las mujeres habían consentido en caso de no haberse resistido ante una violación. Incluso llegaron a calificar ese texto como «Código Penal de La Manada». En realidad, este relato siempre fue falso: tanto el abuso sexual como la agresión sexual eran delitos en España por tratarse de relaciones sexuales no consentidas. De haber sido consentidas, ni siquiera habría sido delito. De hecho, en 2019, el Tribunal Supremo, con el mismo «Código Penal de La Manada» terminó condenado a esos cinco hombres por agresión sexual (al apreciar intimidación ambiental de la víctima) a 15 años de cárcel. Pero nada de eso importó: en 2022, la Ley Montero modificó el Código Penal «de la Manada» y unificó los delitos de abuso y agresión sexual, ensanchando consecuentemente las horquillas de penas del delito ahora único de agresión sexual. El resultado es de sobra conocido: más de 1.000 rebajas de penas a agresores sexuales… incluyendo a un miembro de La Manada (de momento). Es decir, parece que el Código Penal de La Manada ha sido más bien el de Irene Montero. La ley de las consecuencias supuestamente no intencionadas.