El único objetivo del sanchismo era manipular la Comisión de Investigación en el Congreso sobre el escándalo de las mascarillas de Koldo y sus compinches para convertirla en un ataque contra el PP. La lista de comparecientes es tanto un despropósito como la confirmación de que no tienen ningún principio ético o respeto por la separación de poderes. Hay aspectos sobre los que no existe ninguna duda. El primero es que el gobierno de Sánchez gestionó de una forma tan lamentable como ineficaz la pandemia. No se respetó el Estado de Derecho y las medidas adoptadas fueron inconstitucionales. Es cierto que este pronunciamiento fue posible porque Conde-Pumpido y sus magistradas sanchistas todavía no controlaban el Constitucional. A esto hay que añadir que las redes clientelares obtuvieron beneficios multimillonarios desproporcionados y confirmaron la existencia de una corrupción sistémica en el PSOE. Los conseguidores y los visitadores, como sucede en RTVE, tuvieron su oportunidad de enriquecerse a costa del dolor de los españoles. Esta comisión tendría que servir para clarificar estas cuestiones, pero su único objetivo es continuar la ofensiva contra el PP y, sobre todo, contra Ayuso.

Uno de los aspectos más inquietantes de la lista es la falta de criterio de Patxi López al aceptar la inclusión del Fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón. Ni magistrados ni fiscales deberían comparecer en una comisión, ya que forman parte del Poder Judicial tal como establece la Constitución. Es cierto que en los segundos hay que avanzar en una reforma legal que consagre su total independencia del Gobierno, porque nunca más un presidente, como hizo Sánchez, debería poder pavonearse diciendo que el Ministerio Fiscal depende de él. No es un botín del partido que gana unas elecciones como sucede siempre que el PSOE ocupa La Moncloa. Los fiscales no están para mancharse la toga, como aseguró Pumpido cuando era el Fiscal General. Patxi López tendría que haber rechazado la exigencia de los independentistas de incluir a Luzón. No solo es una perturbación en la labor de los fiscales, sino una escandalosa intromisión, un intento de amedrentar al Poder Judicial y otro caso de lawfare. Es muy significativo que la izquierda mediática no se escandalice ante esta situación. La acertada protesta del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, impedirá que se materialice este despropósito.

Francisco Marhuenda es catedrático de derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).