El paso de Teresa Ribera como comisaria europea puede cerrarse como el más corto de la historia. La cláusula que la obligaría a dimitir si es imputada judicialmente por la DANA o por los casos de corrupción que rodean al Gobierno y a su entorno se acrecientan cada día y engordan las posibilidades de salir por la puerta de atrás de Bruselas tras su más que discutida gestión al frente del Ministerio de Transición Ecológica. Deja sectores clave clamando contra ella: agricultores, ganaderos, cazadores y millones de españoles que pasan frío. Su cacareada Estrategia contra la Pobreza Energética ha fracasado desde los cimientos. Unos 10 millones de personas no tienen recursos para mantener unas condiciones de confort térmico en invierno, pese a venderse la ministra como adalid de los hogares vulnerables ante unos supuestos «pérfidos empresarios energéticos».

Y con la DANA también ha quedado claramente retratada. Primero, como responsable máxima de la Confederación Hidrográfica del Júcar por su inacción en la transmisión de información sobre los caudales en el barranco del Poyo y en el embalse de Forata; y segundo, por dejación durante años en su obligación de acometer las obras que su Ministerio paralizó conscientemente.

Si esto es grave, resulta descorazonador que Ribera ni siquiera haya programado una visita a la zona siniestrada. Otro acto de dejación de funciones en la única ministra con competencias directas en la gestión de la DANA que no se ha dignado a ver de primera mano la devastación causada. Tal vez, la imagen del presidente del Gobierno «huyendo» escoltado para evitar ser linchado por una multitud indignada le ha pesado demasiado y ha preferido un vergonzante perfil bajo para preservarse de imágenes que manchen su comisariado antes incluso de empezar.

El coste de la salvaguarda de Ribera está siendo alto y costoso para el PSOE. Sánchez ha tenido que tragar unos cuantos sapos: apoyar a los candidatos de dos gobiernos europeos –el de Italia, de Georgia Meloni, y el del húngaro Viktor Orbán– a los que colgó el cartel de fascistas; faltar a su promesa de levantar un cordón sanitario contra la ultraderecha; y acabar bailando en su nociva contradicción de decir una cosa y la contraria sin despeinarse. Nada nuevo, por otra parte.

Ribera mantiene la callada por respuesta como ha hecho desde el pasado 29 de octubre, momento en el que llevó su pantalla pública a negro para no ver salpicada su candidatura a comisaria europea. Ahora, se parapeta detrás del PSOE tras las acusaciones de Aldama, que ha anunciado una querella conjunta por injurias y calumnias. Una cortina de humo más para intentar diluir otra vez sus responsabilidades en demasiados asuntos comprometidos que la implican directa o indirectamente.

El PP se mantiene firme en exigir su dimisión si es finalmente imputada por su actuación –o su falta de ella– en el desastre de la DANA o si el hedor de la corrupción al final la envuelve y deja irrespirable todo el aire a su alrededor.