Los casi tres millones de empleados públicos suponen un récord histórico

Con Mariano Rajoy el número de funcionarios se rebajó en 2018 a 2.561.383, volviendo a los niveles anteriores a la crisis económica de 2008. Pero le han bastado a Pedro Sánchez tan solo cinco años para incrementar la cantidad de empleados públicos a 2.966.987. Se trata de un récord histórico. En este lustro el aumento de este personal se cuantifica en 405.604 personas. Son cientos de miles de votos cautivos, que superan el millón considerando a familiares directos. Se trata de una de las patas de su estrategia de supervivencia; enchufismo, subsidios, control de medios de comunicación, injerencia en la Justicia, apertura de las puertas del Estado a los neocomunistas y vender a trozos España a los independentistas. Están calcando el fracasado modelo de Juan Negrín, primer ministro de la II República entre 1937 y 1939.

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el 2 de julio de 2024 en el Consejo de Ministros una nueva Oferta de Empleo Público, que se convirtió en la mayor de ese ejercicio, y que fue la cuarta de mayor volumen consecutiva, es un 14% superior a la de 2023. Suma 40.146 plazas.

En estos momentos el 14.0% de los afiliados a la SS son empleados públicos, porcentaje similar al de autónomos, que alcanza el 15,9%. El resto de afiliados del régimen general supone el 70.1%. Por cada empleado público hay 5 trabajadores por cuenta ajena y 1 autónomo, que con sus cotizaciones e impuestos deben sostener a estos tres millones de empleados públicos.

En los últimos dos años se ha acelerado el proceso de captación de empleados públicos, incrementándose en 250.952 en el periodo 2022/2024. Compensándose las alta y bajas entre las Administraciones General del Estado (Administración, Fuerzas Armadas y de Seguridad y Justicia) y las locales (Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos, Consejos Insulares), ya que la primera ha ganado 14.655 efectivos, mientras que la segunda ha perdido 13.437 funcionarios. Siendo las Comunidades Autónomas las protagonistas del aumento de sus plantillas en 249.734 individuos en solo dos ejercicios. Pasando en 2022 de poco más de 1,6 millones a superar los 1,9 millones de nóminas. Estos recursos destinados a nóminas obviamente recortan la prestación de servicios tan esenciales como la sanidad y la educación, tareas hoy encomendadas a las autonomías.

España dedica el 11,3% de su PIB al pago de las nóminas de los empleados públicos, frente al 9,8% de media de los países de la Eurozona. Con más funcionarios no se cubren servicios básicos ni funciones públicas esenciales, todo lo contrario, hace que se detraigan recursos financieros para inversiones y gasto sanitario y educativo. Este incremento en plantillas, como vemos autonómicas, obliga a subidas de impuestos que hace cada vez menos competitiva nuestra economía. La función pública recibió en 2023 la cantidad de 169.310 millones de euros, mientras que el gasto en pensiones, el mayor que afronta el Estado, supuso 190.684 millones de euros. Se aproximan ambas monstruosas cifras.

En el estudio del CIS 3.480 realizado el pasado mes de octubre, un 38,9% de los españoles se mostró ya partidario de acabar con el estado de las autonomías o quitarles competencias.

La proporción de empleo público en la Unión Europea es del 17%, según Eurostat. No obstante, no todos los países tienen el mismo número de funcionarios. Suecia es el país de la UE que cuenta con más empleados públicos (29% del total), seguido de Dinamarca (28%), Finlandia (25%), y Estonia y Croacia (ambas 23%). En cambio, en la otra cara de la moneda se sitúa Alemania, con un 11% de empleo público, Países Bajos con un 12%, e Italia y Luxemburgo con un 14% ambas regiones, siendo los países con menor número de funcionarios de la UE.