Vaya por delante que ya han estado tardando todas las administraciones de cualquier signo político, para poner coto al verdadero y auténtico descontrol que supone el acceso de los menores a páginas de internet con contenidos pornográficos o violentos, una lacra a la que no es ajena ninguna familia española con hijos menores y a la que no se puede combatir únicamente con la voluntad y la disposición de los padres. Sin embargo, cuando el actual gobierno se arremanga para agilizar un sistema de verificación de la mayoría de edad en la visualización de contenidos en internet, –un carnet digital para los adultos que pretendan entrar en webs pornográficas con treinta accesos y una validez de otros tantos días– una vez más vuelven a saltar algunas alarmas de eso que se consideran libertades y privacidad individual por las que tanto se ha luchado para dar lustre al sistema democrático. Una cosa es el obligado establecimiento de protocolos técnicos para salvaguardar a los menores y otra muy distinta esa eterna obsesión de la izquierda por controlar, como si de un gran hermano se tratara cualquier actividad legítima e íntima de personas adultas, de la misma manera que es perentoria y muy necesaria la lucha contra la trata de personas en el sórdido y oscuro mundo de la prostitución, pero ello no significa que haya de coartarse la libertad de una mujer adulta para disponer –libre, consciente e independiente– de su cuerpo .

Lo de la identificación a través del personal DNI electrónico para acceder a según qué contenidos digitales puede contar en efecto con todas las garantías sociales de privacidad, pero es justamente ese «gran hermano» regulador el que, accediendo a los datos del «solicitante» acaba siendo conocedor de cuestiones que pertenecen exclusivamente al elenco de lo más íntimo en un adulto. Una estrategia nacional de protección de la infancia y de la adolescencia en el entorno digital pasa por ser de una urgencia máxima, pero algunas experiencias en países occidentales en las que fijarnos no nos vendría nada mal y tal vez ayudarían a no acabar con la infección de la una cortando el dedo. La administración tiene acceso a todos nuestros datos, fiscales, sanitarios, etc., pero tal vez resulte demasiado «soviético» supervisar lo que solo interesa al individuo. Seguro que el Gobierno lo hará bien, tiene sensibilidad. Y seguro que el ministro Escrivá lo acaba explicando mejor.