El hecho de que la izquierda, en general, y algunos periodistas de derechas –que nunca le han perdonado la premura en el pacto de investidura con Vox, que, según ellos, perjudicó las opciones electorales de Feijóo– carguen sobre Carlos Mazón la incuria de la política hidráulica española de las últimas tres décadas no deja de ser un despropósito, más, si a la catástrofe social y económica provocada por la tragedia se le suma una crisis política en la Presidencia de la Generalitat. Además, ya podría haber estado el presidente valenciano recibiendo la riada a puerta gayola en el barranco del Poyo, que con ese volumen de precipitación hubiera dado lo mismo, una vez que, a media tarde, en la Confederación Hidrográfica del Júcar creyeron que la avenida remitía porque el sistema de medición había pasado de registrar 250 metros cúbicos por segundo de caudal a las 11:30 de la mañana a menos de 100. Ahora, lo que importa es la gestión de la recuperación de la zona afectada y de las personas machacadas por la desgracia, la restauración de las comunicaciones y el tejido productivo y la reconstrucción de viviendas y locales y, en ese campo, uno se fía más del Partido Popular que de Compromís, por poner un ejemplo. Dicho esto, la otra cuestión ineludible se refiere a las obras hidráulicas que es necesario hacer, no sólo en Valencia, para prevenir o, en su caso, limitar en lo posible las consecuencias de una meteorología como la mediterránea, que cada veinte o treinta años se desata con toda la furia de los cielos. Y, ahí, en la ausencia de esas infraestructuras, ya planificadas, incluso, en algunos casos aprobadas, la responsabilidad no es la misma para todos los actores políticos ni mucho menos. Sistemáticamente, la izquierda, desde supuestos ecologismos mal entendidos, han obstaculizado los proyectos de regulación de los barrancos y de las torrenteras, la ampliación y limpieza de cauces y la elevación de presas en nombre de la «salud de los ríos», por no hablar de la militante oposición a los trasvases. Ya sabemos que no es de ahora –y ahí está la viñeta de Mingote de 1982, cuando la «pantanada», en la que dos prebostes se congratulan de que, cómo esas cosas pasan cada veinte años, pues no hay que hacer nada, sólo prometer–, pero lo que es de traca es que la paralización de las obras se haya producido bajo un gobierno como el actual, una de cuyas primeras decisiones fue decretar el estado de alarma climática en España, brindis al sol, propaganda barata, como la de la ministra Ribera acudiendo en bicicleta a una reunión europea escoltada por dos vehículos desde los que le hacían fotos. Hablamos de la misma política de fuertes convicciones antinucleares y que, ante la candidatura a comisaria, ha cambiado de opinión y cabalga contradicciones. Vamos a ver, señores, si como dice Pedro Sánchez «el cambio climático mata» –aunque las danas sean recurrentes desde el siglo XIV– ¿no sería de recibo ponerse manos a la obra para evitarlo? Pero no. Ya verán como a la primera de cambio, en cuanto se pase el susto, volverán los recursos judiciales, las apelaciones a las ZEPAS, se encontrarán cacas de linces –eran falsas– o cualquier otra excusa para paralizar obras hidráulicas que son absolutamente necesarias. Sólo hay que imaginar lo que hubiera pasado más en Valencia de no haber existido la presa de Forata.