Desde principios del siglo XIX, la izquierda oficial española cede a la pulsión de provocar situaciones revolucionarias para luego, una vez que las ha creado, no saber qué hacer con ellas. El gobierno social-podemita, apoyado por secesionistas y filoetarras, está cumpliendo al pie de la letra esta ley antigua. Estamos al final de la legislatura, queda poco tiempo y hay que pisar el acelerador. Por eso un escándalo sucede a otro, para que el ruido y la chulería, como la mostrada en el Senado por un Sánchez al borde del comportamiento psicópata, impidan a la opinión entender la trayectoria que está siguiendo.

No lo consigue del todo, afortunadamente. Lo ha demostrado esta semana un breve y rotundo Manifiesto publicado por unos 50 grupos y asociaciones, todos ellos bien conocidos por su trabajo en favor del pluralismo, la tolerancia y la convivencia en libertad, como son Consenso y Regeneración, Asamblea por una Escuela Bilingüe, Foro de Profesores o S’Ha Acabat!. Antes que nada, hay que subrayar el esfuerzo de coordinación y de unidad realizado por los redactores y los promotores del comunicado. Supone, de por sí, una crítica y un reto, además de un ejemplo, a la realidad política de nuestro país. La exigencia va incorporada al texto del manifiesto, que constata algo básico en una democracia: cualquier reforma del Código Penal, el instrumento básico de defensa y aplicación de la Constitución, debería contar con un consenso muy mayoritario. Algo que la brutal y cuartelera derogación del delito de sedición ha incumplido manifiestamente, al subordinar los métodos democráticos y la defensa del Estado de derecho al interés partidista.

El esfuerzo por conseguir la unidad impulsa también la exigencia de un acuerdo para una respuesta común a las consecuencias del proceso de independencia que culminó con el golpe de Estado de 2017. El frágil y precario acuerdo en torno a la aplicación del artículo 155 ha desembocado, de forma paradójica, en la derrota de quienes impidieron el golpe y la secesión, y en la victoria de los golpistas. Estos últimos están viendo su conducta respaldada por el Gobierno central, algo que ya ocurrió en la llamada «derrota» de ETA en 2011. Por eso el manifiesto denuncia la «desjudicialización» sobre la que se asienta la «pax catalana» de la que tanto se ufana el Gobierno y que abre la puerta a un nuevo «procés».

Se ha acallado el «conflicto» a costa del desmantelamiento del Estado y en pro de la libertad de los nacionalistas para continuar, sin obstáculos, su vía hacia la desaparición de España de los territorios en los que gobiernan. Desde hace décadas venimos asistiendo a la progresiva desnacionalización de España y al constante debilitamiento del Estado. El proceso se aceleró desde 2011 y, con más ruido –por la torpeza de los secesionistas catalanes– desde 2017. Ahora estamos ya en otra etapa, que es la construcción de la vía hacia la balcanización de nuestro país. Si nadie lo remedia, en la próxima legislatura asistiremos a su realización, mediante una o varias modalidades de referéndum ante las que el Estado no contará ya con ningún instrumento legal ni institucional. Una y otra vez, se han perdido todas las oportunidades para impedir esta realidad. Queda por ver lo que hará la izquierda oficial española cuando se enfrente al monstruo que está creando. Por eso resulta tan valiosa la intervención y el testimonio de la sociedad civil española.