Que Juan Carlos I se quede donde está

En el trasiego de las negociaciones para la salida de España de Juan Carlos I, Carmen Calvo espetó a su interlocutor, Jaime Alfonsín: «Mientras nosotros gobernemos, no volverá». El superlativo jefe de la Casa del Rey se tragó el sapo. La prioridad era conseguir que el problemón se evaporase cual luz de gas para frenar la sangría que estaba infligiendo a una institución, la Corona, cuya línea argumental histórica es la ejemplaridad. El 3 de agosto de 2020 se consumó la expatriación de tapadillo de un personaje del que siempre aplaudiremos su papel en la Transición de la dictadura a la democracia. Una verdad tan incontrovertible como su elefantiásica corrupción. Días después, Felipe VI comentó amablemente al presidente en San Millán de la Cogolla: «Ya he cumplido mi parte del pacto». «No», replicó un chulesco Sánchez, «ahora tiene que regularizar». La inicial contundencia gubernamental degeneró en chusco favorcete. A la postre ha acabado existiendo contrapartida mediante el alivio del vía crucis procesal del emérito, una obra teatral en dos actos: el primero, la apertura de sendas investigaciones por parte de Anticorrupción y Hacienda; el segundo, el cierre en falso de las pesquisas. Eso es lo que ha acaecido a pesar de la resistencia de algunos honrados fiscales, indignados no sólo por el papelón que se les ha obligado a ejecutar sino también por el hecho de que haya ciudadanos por encima de la ley. ¿A cuántos presidentes, ex presidentes o ministros en ejercicio se ha procesado en 46 años? Cero y no será porque algunos no hayan dado motivos. El ministerio público ha arrastrado los pies dejando su prestigio a la altura del betún. Tres cuartos de lo mismo ha hecho el prestigioso fiscal Bertossa, que ha sucumbido a las «razones de Estado» planteadas por España a la Confederación Helvética. Siempre he sostenido que Juan Carlos I jamás regresará a España, excepto causas de fuerza mayor. No es opinión sino información. Por mucho que se diga, el primero que pasa de volver es él. Triste punto y final para el miembro de una dinastía Borbón que desde Carlos IV ha acabado sus días en el destierro con las excepciones de Fernando VII y Alfonso XII. El segundo borbón más longevo en el puesto se niega a retornar tanto por motivos de orgullo, considera que los españoles somos unos desagradecidos, como por perogrullescos motivos pragmáticos. No se le escapa que su presencia en territorio nacional reavivaría exponencialmente la hibernada campaña de una izquierda que en pleno está echada en manos de la causa republicana, con un Pedro Sánchez en el rol de perdonavidas de la Jefatura del Estado. Si no imperase el sentido común, el regreso del no muy pródigo Juan Carlos I causaría un daño irreversible a la persona que ahora encarna ejemplarmente la Corona: un Felipe VI con un abrumador respaldo en todas las encuestas. Por no hablar del pollo que se montaría en un Gobierno cuya ala podemita es furibundamente antimonárquica. Podemos no va a permitir la repatriación y no creo que el presidente esté por la labor de aceptarla porque implosionaría la coalición. Y me da que el protagonista teme ser abucheado en un restaurante, en una regata o en un paseo cualquiera por Madrid. Sin olvidar el incontrovertible hecho de que, lejos de enfilar el principio del final, el escándalo se halla en el final del principio. Desgraciadamente, queda mucha tela por cortar. Si quiere a su hijo y lo que su hijo representa, lo mejor que puede hacer es quedarse donde está.