Un incremento exponencial de las importaciones de automóviles procedentes de China, sobre todo de modelos eléctricos, ha provocado que la Comisión Europea se plantee el establecimiento de medidas que limiten estas entradas de miles de unidades y, de alguna forma, proteger a los fabricantes europeos y defender una industria fundamental para la economía de los principales países de la UE.

En este sentido, la Comisión Europea decidió ayer registrar las importaciones de vehículos eléctricos nuevos procedentes de China, en consonancia con las normas anti-subvenciones de la Unión Europea. Los incrementos de llegadas de coches de origen chino han alertado a las autoridades europeas que se plantean tanto restringir las ayudas a las compras de coches eléctricos originarios de china como incluso imponerles aranceles retroactivos.

“El registro se decidió debido a las importaciones masivas de vehículos eléctricos de batería en un período de tiempo relativamente corto”, han explicado las autoridades comunitarias, preocupadas por la llegada en los últimos cuatro meses de cerca de 200.000 unidades, lo que supone un aumento mensual medio del 11 % en comparación con el período que está investigando la Comisión Europea.

A partir de hoy se establecerá un sistema de registros que permitirá a las aduanas seguir la pista de importaciones específicas tras la apertura de una investigación de defensa comercial. El objetivo de este registro es permitir la percepción retroactiva de derechos compensatorios, en caso de que se decida su imposición y se cumplan las condiciones para ello. El registro no prejuzga en modo alguno el resultado de la investigación, sino que solo es, por el momento, un procedimiento jurídico estricto conforme a las normas de la UE y la Organización Mundial del Comercio.

Hay que recordar que el pasado 4 de octubre, la Comisión abrió formalmente una investigación anti-subsidios sobre las importaciones de coches eléctricos chinos para determinar si las cadenas de valor de estos vehículos en China se benefician de subsidios ilegales, y si éstos causan o amenazan con causar un perjuicio económico a los productores de la UE. Actualmente, los vehículos chinos tienen una penetración del 8 % en el mercado comunitario -que podría duplicarse hasta el 15 % en 2025 de continuar al mismo ritmo- y cuestan un 20 % más baratos que los europeos. La investigación debe concluir en un plazo máximo de 13 meses a partir de su apertura y, si está jurídicamente justificado, podrán imponerse derechos anti-subvenciones provisionales en un plazo de 9 meses a partir de su inicio. Podrían imponerse medidas definitivas hasta 4 meses después o en un plazo de 13 meses a partir de la apertura de la investigación.