Los alcaldes españoles marcan en sus calendarios una fecha límite: abril de 2025. En menos de un año, todos los regidores locales del país deberán implantar –los que no lo han hecho ya– una tasa de basuras a sus vecinos: esto es, un impuesto por generación de residuos que tiene su origen en una Directiva europea, pero que su transposición a nuestro ordenamiento a través de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular ha generado diferencias de opiniones entre los alcaldes socialistas y populares. En la capital se han notado estas tensiones. Los alcaldes socialistas de los municipios madrileños de Alcorcón, Ciempozuelos, Fuentidueña de Tajo y Parla, entre otros, presentaron el pasado 21 de mayo ante la Junta de Gobierno de la Federación Madrileña de Municipios (FMM) una propuesta conjunta para «homogeneizar» esta tasa. Los populares no consideran que se pueda hacer algo igual para todos los municipios al ser «179 municipios con características diferentes» y la propuesta fue para ellos una sorpresa, ya que «nunca se ha hablado de eso en la FMM», cuenta por teléfono la popular Judith Piquet, presidenta de la FMM y alcaldesa de Alcalá de Henares, que dice que se enteró de esta por los medios de comunicación. Los populares han bautizado esta medida como «basurazo o tasazo de Sánchez», al considerar que «es la ley 7/2022 del Gobierno de Sánchez la que lo desarrolla», en palabras de Piquet.

La tasa de residuos tiene su origen en una norma europea de 2018. Se trata de la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos. Su tranposición se hizo en la ley 7/2022, que recoge en su artículo 11:«Las entidades locales establecerán, en el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de esta ley, una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria».

La aplicación ha supuesto controversia en el seno de la FMM. Para los socialistas, «viene de Europa» y en la institución plantearon que los municipios lo hagan de la misma manera. «Teniendo en cuenta que la puesta en marcha de la denominada “tasa de residuos” atendiendo a la legislación europea será de obligada implantación el próximo año en todos los municipios de la Comunidad de Madrid, consideramos adecuado marcar unas líneas de orientación y de homogeneización en las tributaciones de los municipios madrileños. No entenderían los vecinos de nuestra Comunidad de Madrid que cada municipio aplicara este nuevo tributo de manera completamente diferente y con diversidad de criterios», se lee en el comunicado. Tanto el alcalde de Fuentidueña del Tajo como la alcaldesa de Alcorcón –firmantes de la propuesta los dos– han declinado ofrecer más declaraciones a LA RAZÓN que las realizadas en comunicados públicos.

Piquet explica que la propuesta de los socialistas «jamás se ha pedido a la Federación, ni siquiera cuando ellos la presidían hasta hace unos meses. Yo formaba parte de esa comisión de Hacienda y nunca se habló de igualar impuestos a los madrileños». Piquet es presidenta de la FMM desde el pasado noviembre de 2023. Antes de ella lo fue durante dos mandatos el exalcalde socialista de Arganda del Rey Guillermo Hita. La Junta de Gobierno del organismo la conforman hoy, además de la presidenta, seis vicepresidentes (dos del PSOE, cuatro del PP) y 18 vocales (tres del PSOE, uno de Izquierda Unida y el resto populares).

«Esto es algo que nos preocupa a todos. Da igual de qué partido sea y de qué color sea el alcalde es que todos estamos obligados a poner esa tasa y cargársela a las familias de nuestros municipios», dice Piquet. Y añade: «Si hay que politizarlo, hay que elevar la queja al Gobierno central, que es desde donde proviene esta obligatoriedad, pero no en los municipios. No es una guerra de municipios. Y estábamos hablando, pero de repente se han desmarcado estos alcaldes».

El alcalde de Parla, Ramón Jurado, dice sobre el asunto: «es lamentable que la FMM haga un uso partidista de las instituciones, cuestionando una medida que es un mandato europeo. No se puede utilizar a la FMM de forma partidista, una institución que tiene que representar a todos los municipios de Madrid representa, Y no vale ser un ariete contra el Gobierno de España. Es injusto y es falso, porque la tasa de basuras que tiene que implantar todos los municipios de España y Europa no es una cuestión de Pedro Sánchez. ¿O es que acaso pedro Sánchez es responsable de la tasa de residuos en Italia?». Y prosigue: «Lo que planteamos es una unidad de criterio en la aplicación. Que todos los municipios de Madrid tengan los mismos criterios a la hora de implantar esta tasa».

Los municipios están tratando de encontrar la mejor forma para aplicar la tasa, consultando y viendo lo que la ley permite y apurando el plazo límite, según testimonios de alcaldes y fuentes municipales. Y es en la forma es donde no encuentran acuerdos.

Lo que la mayoría de municipios populares consultados expone sobre igualar la tasa es que choca con la política del PP. Pique explica: «¿Cómo pueden hablar de una tasa igualitaria? Si somos 179 municipios con 179 características diferentes con presupuestos totalmente diferentes. No han dicho ningún criterio, es pura demagogia. Ni de cómo ni cuánto ni por qué. Es blanquear a su jefe para decirle a los vecinos que la culpa es de otro». Y continúa: «Si nos vamos a sentar a hablar de poner una tasa igualitaria en todos los municipios, bueno, pues yo les emplazo a estos alcaldes socialistas a que imiten el modelo del Partido Popular y rebajen, por ejemplo, el IBI en sus municipios o que rebajen el impuesto de tracción mecánica en sus municipios o cualquier otra tasa municipal que tengan. Justo ahora, en este momento y una tasa que nos obliga su propio gobierno es lo que quieren igualar en los municipios».

Los populares consultados lamentan que la ley no marque unos criterios que sirvan de guía para que todos los municipios imponga la tasa. La alcaldesa de Majadahonda, Lola Moreno, explica: «Hay una clara dejación de funciones por parte del Gobierno de España. Una vez más, el Ejecutivo Central decide desentenderse de sus obligaciones y deja en manos de los Ayuntamientos toda la responsabilidad de articular la Directiva europea. El Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin hacer sus deberes y ahora volvemos a ser los Ayuntamientos los que, sin ningún desarrollo legal, debemos lanzarnos al vacío y diseñar cómo será la nueva tasa de basuras, cada municipio a su buen entender, sin unos criterios uniformes».

En este sentido, se formó un grupo de trabajo integrado por representantes del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) «con la finalidad de facilitar a las entidades locales la implantación y aplicación de la tasa».

«En lugar de hacer un frente común o incluso pedir una moratoria al Gobierno de Sánchez o ver cómo lo hacemos si lo hiciéramos todos a la vez y no hacer partidismo de algo que al final que estamos todos obligados veo que ahora los alcaldes socialistas se desmarcan pidiéndole a la FEM algo que nunca nos ha pedido la FMM y diciendo que tiene que ser de manera igualitaria es que no tiene sentido ninguno», plantea Piquet.

La alcaldesa de Alcobendas, Rocío García Alcántara, considera que es una «imposición». «Es una imposición, porque nos obliga a cobrar vía una nueva tasa la recogida y tratamiento de basuras que ya financiamos con los impuestos. Somos un ayuntamiento saneado, sin deuda y queremos autonomía para financiar los servicios no imposiciones 'sanchistas'. El gobierno de Pedro Sánchez me está pidiendo que imponga a mis vecinos una tasa de basura, lo que aquí en Alcobendas supone 260 euros por hogar. El basurazo de Pedro Sánchez a los vecinos de Alcobendas es de 13 millones de euros. Más de 100 euros al año por vecino»

En este contexto, el pasado lunes 3 de junio los alcaldes socialistas con representación en la FMM y Aída Castillejo de Rivas-Vaciamadrid (Izquierda Unida) abandonaron la junta de gobierno «ante la deriva autoritaria de la presidenta». Desde noviembre se han realizado dos, una en marzo y esta última. La presidenta de la FMM, que calificó en ese momento la acción de «bochornosa coreografía política para hacer campaña electoral de las europeas», afirma que «en absoluto» hay una «deriva autoritaria» y «espera que la relación se reconduzca».