El Juzgado de Instrucción Número 24 de Madrid ha archivado la querella por presunta prevaricación que presentó la Asociación por la Reconciliación y Verdad Histórica contra la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes González, por cambiar de ubicación una protesta contra la Ley de Memoria Democrática el pasado mes de julio, según un auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Tras tomar declaración el pasado 10 de febrero a González y examinar la "abundante" documentación presentada por la Abogacía del Estado, considera el titular del juzgado que “no existen elementos suficientes para imputar a la investigada la autoría de los hechos, ya que lo que resulta acreditado es que siguió los mismos criterios para la valoración del lugar de celebración de la concentración de la asociación querellante”, y “ninguna” de las “manifestaciones” alegadas “nos puede llevar a la conclusión de que la decisión presentara indicios suficientes de la comisión de un delito de prevaricación”.

“No sido probada, ni siquiera indiciariamente, la existencia de delito, por lo que procede el sobreseimiento provisional” de las actuaciones, dice el fallo.

Según el auto, con fecha del 1 de marzo, “se acredita que son tres los criterios para determinar el lugar concreto de la concentración propuesta". El primero, "el volumen de personas que vayan a participar; el segundo la previsión de que vaya a celebrarse pleno en el Congreso de los Diputados el día solicitado", y "el tercero la existencia de antecedentes o elementos que hagan pensar en el carácter violento de los manifestantes". Y "resulta acreditado que, para más de 150 participantes previstos, se acuerda la celebración en la zona que la querellante considera poco relevante para los fines perseguidos, pero que es la misma que, ya en otras concentraciones con igual o similar número de participantes, Delegación de Gobierno siempre habría acordado limitar la zona de concentración en idénticos términos a los que ahora nos ocupan, como se desprende del examen de los expedientes administrativos que se aportó por la Abogacía del Estado”.

Por otra parte, recoge el fallo que “resulta acreditado” que la delegada “no interviene, con carácter previo, en la tramitación de los expedientes, y se limita a firmar la resolución, siendo la Secretaría General la que comprueba el cumplimiento de los trámites que, en ambos supuestos ahora examinados, se cumplieron correctamente”.

En su declaración ante el juez, Mercedes González explicó que simplemente se siguieron criterios "técnicos y de seguridad", como el número de manifestantes que el colectivo que convoca la protesta comunica, si hay o no pleno en la Cámara Baja o si hay constancia de que ese colectivo ha cometido algún tipo de alteración de orden público en anteriores convocatorias.

En este sentido, el magistrado corrobora que aquella decisión de la Delegación del Gobierno “siguió los mismos criterios para la valoración del lugar de celebración de la concentración" que en otras convocatorias, "incluso por titulares de tal órgano administrativo diferentes" a González.

El número de personas previsto para la concentración era de unos 200, si bien luego fueron 250, explica el juez, que afirma que ese fue "el primero de los criterios, determinante de la decisión”.

La Asociación por la Reconciliación y Verdad Histórica recurrirá contra el archivo de la querella. A juicio de esta entidad, “el juez se ha dejado llevar por las presiones de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía del Estado, que lo han recurrido todo y además muy extensamente”. Según su consideración, “la Fiscalía, cuya función jurisdiccional es llevar la acusación popular en los procedimientos penales, se ha dedicado sistemáticamente a defender con uñas y dientes a la representante del PSOE en la Delegación del Gobierno en Madrid”, que "ha disfrutado, por lo tanto, de la defensa jurídica de no sólo la Abogacía del Estado sino también de la Fiscalía del Estado, en un momento en que, hay que recordarlo, se está liberando a cientos de violadores y pederastas”. "Pareciese”, en su opinión,” que la única preocupación judicial es salvar a la delegada del Gobierno de una causa penal” cuando “aún no se han efectuado las diligencias de investigación solicitadas por esta parte, con los careados instados, lo que será objeto de los oportunos recursos”.

Asimismo, la asociación entiende que “la interpretación que hace el juzgado de los hechos no se ajusta a la realidad”. Respecto al número de asistentes, “es obvio que ha habido muchas manifestaciones multitudinarias enfrente del Congreso sin ninguna restricción. De hecho, las izquierdas son expertas en organizar asaltos a la Cámara Baja de forma violenta”, denuncian. “También ha habido casos en que se han efectuado manifestaciones multitudinarias no violentas frente al Congreso, sin ningún desplazamiento, como el que sufrió la parte querellante en este caso”. Y citan el ejemplo de una protesta de apicultores “con más de 500 personas” frente a las escaleras del Congreso, o cuando “miles de manifestantes rodearon” la Cámara exigiendo pensiones justas.

Acerca de la “posible conflictividad” de la entidad, “es obvio que es de carácter pacífico pues nunca ha tenido ninguna multa o sanción, a diferencia de la asociación memorialista privilegiada que se manifestó el día 14 de julio”, cuando "se dedicó a insultar a los jueces del Tribunal Supremo”. Lamentan una vez más que “la delegada del Gobierno nos ha criminalizado por la vía de desplazarnos del lugar solicitado, y esto es un hecho incontrovertido”.

Y en cuanto a la celebración de Pleno en el Congreso en el momento de la manifestación, “en el momento en que la Asociación por la Reconciliación y Verdad Histórica se concentró, en la tarde del día 13 de julio de 2022, no había Pleno, mientras que cuando se manifestaron los memorialistas, el día 14 de julio por la mañana, sí lo había”. De hecho “se estaba votando la Ley de Memoria Democrática en ese momento, y por lo tanto, tendrían que haber sido desplazados lejos del Congreso, pero la delegada del Gobierno permitió algo que está prohibido”, insisten.