Madrid, contra la ley de Sánchez que amenaza con más incendios

Después de un verano tiznado de negro en toda España, en que cerca de 400 incendios forestales han calcinado 300.000 hectáreas, una cifra que triplica la media de los diez últimos años, la más alta desde que hay registros, ahora el temor desde la Comunidad de Madrid es que estas aterradoras cifras puedan volver a repetirse o incluso aumentar. Y no solo por los veranos más tórridos que los expertos pronostican, sino también por la Ley de Residuos y Economía Circular del Gobierno de Pedro Sánchez, aprobada el pasado mes de abril, que ha puesto en alerta al Gobierno de la Comunidad de Madrid.

De hecho, la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, al frente de la cual se encuentra Enrique López, ha solicitado al Ejecutivo central la derogación del artículo 27.3 de esta ley que, a día de hoy, prohíbe la quema de residuos forestales y agrícolas para prevenir los incendios.

De hecho, López ya ha mantenido una reunión con representantes del Colegio de Ingenieros Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural sobre este asunto y el organismo comparte la reclamación del Ejecutivo autonómico, con su decano-presidente, José González, a la cabeza. El asunto inquieta al sector agrícola y ganadero de la Comunidad porque, tal y como denunció el sindicato Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, se prohíbe la quema de residuos agrarios y forestales, equiparando la paja o los restos de ramas de podas a otro tipo de residuos.

En concreto, el artículo 27, en su punto número 3, establece que «con carácter general, no está permitida la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola». Únicamente se autoriza la quema con carácter excepcional, cuando el agricultor «cuente con la correspondiente autorización individualizada que permita dicha quema, por razones de carácter fitosanitario que no sea posible abordar con otro tipo de tratamiento, motivando adecuadamente que no existen otros medios para evitar la propagación de plagas, o, en entornos silvícolas, con el objeto de prevenir los incendios forestales cuando no pueda accederse para su retirada y posterior gestión», dice la normativa. El temor se centra ahora en que «toda esta masa que a día de hoy la ley impide eliminar, se convertirá el próximo verano en un combustible peligrosísimo, agravando así la proliferación de estos siniestros. No podemos permitirnos tener otro verano como el de este año, en el que se han quemado miles de hectáreas en España, debido al abandono sistemático del campo», ha recordado Enrique López.

«Es una situación preocupante, porque la finalidad de la ley es que no se produzcan emisiones de CO2 pero, en realidad, estamos produciendo más materia vegetal que, al no poder retirarla, se podría convertir en el combustible que acelere los fuegos que se puedan producir durante los meses de verano», explica Carlos Novillo, viceconsejero de Interior y Director de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid 112. Novillo ha hecho hincapié en que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende derogar este conflictivo artículo a través de una disposición transitoria de otra ley que, sin embargo, no se aprobará hasta 2023, cuando en un momento de lluvias como el que tenemos ahora, sería la época ideal para poder hacer quemas controladas de residuos agrícolas e incluso de mantenimiento de cortafuegos. Por eso pide que la derogación se realice de manera inmediata porque luego, entre los meses de mayo y octubre, comienzan las limitaciones en las quemas por parte de las comunidades autónomas en general, entre ellas la de Madrid. «Si tenemos que esperar la derogación, vamos a pasar el peor año de incendios en siglos, sería como echar gasolina al monte por los montones de material vegetal seco que se pueden acumular, verdaderas piras de combustible».

Novillo cree que otra de las consecuencias inmediatas de esta nueva regulación es que se puedan abandonar las buenas prácticas de poda y retirada de material seco de los montes y zonas agrícolas; la otra es que comience a haber quemas ilegales que no estén bajo la supervisión de los bomberos.

De momento, el Colegio de Ingenieros Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, está trabajando con la consejería de Presidencia, Justicia e Interior en el desarrollo del futuro Plan de Defensa contra Incendios en el que ya trabaja el Gobierno regional, y que permitirá diseñar estrategias conjuntas en gestión forestal y una red de defensa contra los fuegos.

Los mejores datos

No obstante, pese a las negras cifras registradas a nivel nacional este verano, la Comunidad de Madrid acabó el verano con el mayor descenso de incendios de la década. Hubo un 10% menos de fuegos y un 37% menos de hectáreas quemadas que la media de estos diez años. En concreto, desde el 1 de enero hasta el pasado 2 de octubre, se registraron 270 incendios con un total de 635 hectáreas afectadas, de las cuales 52, es decir, un 8%, fueron de superficie arbolada.

Además, el 84% de los incendios se quedaron en conatos, esto es, con menos de una hectárea de superficie quemada, lo que sitúa a la región 16 puntos por encima de la media nacional en este aspecto.