El bautizado “caso mascarillas” cayó como una bomba en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid el pasado mes de abril y se convirtió en uno de los casos judiciales más mediáticos del año. Irrumpió, además, en la política madrileña con un maremágnum de partidos políticos personados en la causa para conocer cómo se había fraguado la millonaria estafa del material sanitario al Ayuntamiento. La querella de la Fiscalía Anticorrupción detallaba cómo dos jóvenes empresarios, Luis Medina y Alberto Luceño, se habían hecho con un auténtico botín en comisiones (casi seis millones de euros) con el que habían comprado un yate, tres rolex de oro, 12 coches de lujo y estancias en Marbella por 60.000 euros. Y todo, en plena pandemia. Las formaciones de izquierda convirtieron el proceso judicial en un arma que arrojar contra el alcalde José Luis Martínez-Almeida, pero el avance de la investigación ha borrado toda responsabilidad del Consistorio y ha desplazado el foco a Malasia.

“Con Almeida la corrupción y el despilfarro han vuelto al Ayuntamiento de Madrid. Este escándalo demuestra la catadura moral de los que gobiernan en Madrid”, sentenció la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, el 1 de abril. “¿Por qué no denunció el Ayuntamiento?”, preguntaron decenas de periodistas esos días en los que se hablaba de pocas otras cosas. “Porque este contrato cumplía con los estándares de calidad que habíamos pagado”, defendió Almeidauna y otra vez. “No podemos ir [a denunciar a la Fiscalía] por un tema de material defectuoso porque se cumplían con los requisitos que pedimos. No podemos querellarnos cuando se nos devuelven cuatro millones de euros”.

El hecho de que su primo, el abogado Carlos Martínez-Almeida, hubiera aparecido como persona que puso en contacto a los empresarios con la administración municipal enturbió el inicio del caso. Los partidos personados - PSOE, Más Madrid y Podemos- quisieron que el juez Adolfo Carretero lo imputara. Pero el togado lo llamó a declarar como testigo junto a varios funcionarios públicos. Según todas las testificales el recorrido de los hechos fue el siguiente: Medina contacto con una antigua profesora suya de universidad, María Díaz de la Cebosa, que a su vez preguntó al familiar del alcalde. Carlos Martínez-Almeida negó haber hablado de la cuestión con su primo, lo hizo con la coordinadora general del Ayuntamiento, Maite García Duarte, que le remitió a un correo electrónico: cgalcaldia@madrid.es. Fue aquí donde el hijo del duque de feria y su socio enviaron su oferta.

Un mail que en el consistorio se utilizó para canalizar esa y todos los ofrecimientos que llegaron en la peor época del Covid-19, como reveló LA RAZÓN. “Insisten machaconamente en tratar de manchar el nombre de mi familiar”, pronunció Almeida. La Audiencia Provincial de Madrid rechazó el pasado mes de agosto la petición del PSOE de imputar al primo del alcade porque se habían limitado a “sostener la pretendida infracción delictiva sin apoyo objetivo en hechos constatados en la causa”; y este mes de noviembre, la de Más Madrid de indagar en el listado telefónico de este abogado para descubrir cómo fue el contacto con los empresarios imputados. Para Anticorrupción esta línea de investigación ha quedado clara y ha rehusado de continuar en esta senda.

No así de la de Malasia, país hacia donde ha virado toda la instrucción. Allí hay un nombre crucial: San Chin Choon. El empresario, dueño de la empresa Leno que se encargó de las mascarillas, los guantes y los test Covid, ha aparecido y desaparecido de la investigación en extrañas circunstancias. Primero, negó a la fiscalía de su país querer colaborar con España para declarar. Pero luego, él o alguien que decía ser él envió un correo al Juzgado avalando la versión de los comisionistas. La Fiscalía Anticorrupción tiene todas las sospechas depositadas en este punto y, fuentes de la misma, aseguran que han retomado los contactos con la embajada española en Malasia para saber si San Chin Choon ha cambiado de idea y quiere explicar que Medina y Luceño fueron contratados como “agentes exclusivos”.

A petición de Anticorrupción, el juez ordenó la entrada y registro de la casa y el despacho de Luceño el pasado mes de septiembre por si era él quien estaba detrás de los “españolismos” que tenía el correo en inglés de San Chin Choon. Fuentes de la investigación explican que las órdenes que tenían en la Policía se basaban en recolectar todos los dispositivos electrónicos, aunque también terminaron llevándose unas carpetas que ponía “mascarillas” y “guantes” e, incluso, una que hablaba sobre la estrategia de defensa. Esa se la devolvieron. Fue en este registro en el que encontraron unas placas simulando al CNI, algo por lo que, señalan estas mismas fuentes, Luceño puede enfrentarse a un nuevo delito de usurpación de funciones públicas. Una suerte de ‘Pequeño Nicolás’.

La Policía que trabaja en dependencias de la Fiscalía Anticorrupción ha terminado esta semana con el volcado de todo lo intervenido y ahora empieza el análisis para determinar cómo fueron los contactos de Luceño con Malasia ese 2020. Medina ha aportado correos a la investigación, como el famoso “pa la saca” en el que hablaban de cuánto iban a llevarse por la operación y el Ayuntamiento ha hecho lo propio con sus mails. Sin embargo, Luceño es el único que no ha entregado ni un solo mensaje para aclarar cómo se fraguaron las millonarias comisiones. Es más, en las últimas semanas ha aparecido un cuadro redactado con él con el reparto del dinero en el que un nuevo comisionista extranjero entra en juego. “Lin Shin debe ser algún proveedor que al final no participó en el negocio”, expuso en un escrito al juez esta semana.

La cantidad asignada a Lin Shin coincide con la que se llevó Luceño, como ha percibido Podemos. Los investigadores creen que esto puede apuntalar el delito de estafa y que, incluso, puede beneficiar a Luis Medina si se desvincula de la estrategia procesal de su socio. Por el momento ambos han ido de la mano sin acusarse el uno al otro y tratando de defender que las comisiones forman parte de los negocios internacionales, que no blanquearon ningún dinero y que el fraude no existió porque el material sanitario llegó al destino. Pero un nuevo golpe de efecto podría provocar que Medina se presentara también como estafado si defiende que Luceño le engañó llevándose más del doble de la comisión que terminó percibiendo él.