Si la aparición repentina del empresario de Malasia San Chin Choon fue una vuelta de tuerca inesperada en el «caso mascarillas», la pérdida de unos correos y wetransfer (aplicación para transferir archivos que sean muy pesados) por parte del juzgado es la puntilla a una causa del todo inusual. El Juzgado de Instrucción número 47 que indaga en una supuesta estafa de Luis Medina y Alberto Luceño al Ayuntamiento de Madrid ha recibido sucesivos mails este verano con documentos del vendedor de material sanitario. Pero algunos no fueron abiertos y se han perdido, según aseguran fuentes de la investigación. Por su parte, la Policía Judicial ha presentado ya informe sobre el análisis de los metadatos de los contratos y, en principio, confirma que fueron creados aparentemente después de la fecha de la firma.

A pesar de que la Fiscalía Anticorrupción intentó a través de Malasia contactar con el vendedor -personaje clave para responder muchas incógnitas en el supuesto fraude millonario-, el país contestó que este no quería colaborar. Así que cuando repentinamente el propio San Chin Choon apareció el pasado 22 de julio a través de un correo enviado a la dirección del juzgado el pasado para apuntalar la versión de los dos imputados la sorpresa fue mayúscula. Decía que Medina y Luceño sí habían sido «agentes exlusivos» de su empresa Leno, que sin ellos la operación de venta de material sanitario al consistorio no hubiera sido posible y que las comisiones que se adjudicaron (más de 6 millones de euros) eran legales.

San Chin Choon adjuntó un cuestionario de Anticorrupción respondido ese mismo mes de julio y supuestamente sellado ante notario y, además, en un segundo mail endosó otro cuestionario que decía haber contestado ya en abril así como un wetransfer con distintos documentos. Pero el juzgado nunca lo descargó. Según detallan fuentes de la investigación a LA RAZÓN, el 29 de julio San Chin Choon insistió: dijo que cómo no le había llegado la confirmación de la descarga, volvía a enviar los archivos esta vez troceados en más correos. Ocurre que los funcionarios del juzgado cayeron en la cuenta de todo esto después y para entonces los mails se habían perdido por el camino y ahora esa declaración de abril no aparece.

Mientras, la Policía Judicial ha analizado los contratos y papeles con los que Medina y Luceño justificaron que sus relaciones comerciales con el país asiático eran totalmente limpias y que del cuantioso ingreso en el banco no había nada que ocultar. Ya Anticorrupción había hecho un análisis preliminar en el que descubrió que se habían creado después de la fecha de la firma, como avanzó este periódico. La creación digital data de marzo de 2020 y la fecha que refiere el documento es de un año antes. Los agentes en un informe de más de 100 páginas desglosan la huella digital y certifican: las fechas no coinciden y el creador no fue el comerciante asiático, sino un tal «Alber» (que podría tener más que ver con Alberto Luceño).

No obstante, las fuentes consultadas indican que esta información hay que mirarla con todas las cautelas. Básicamente, porque cualquier modificación nimia en un documento puede cambiar los metadatos y esto no quiere decir necesariamente que no hubiera sido creado antes. En cualquier caso, este punto se necesita esclarecer para saber si se produjo también un delito de falsedad documental. Cabe recordar que ambos comisionistas tienen bajo sospecha delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad de documento y a Medina se le añade alzamiento de bienes.

Malasia en el foco

El juez instructor Adolfo Carretero mandó a traducir lo que había remitido San Chin Choon, pero fuentes del Ministerio Público recelan de que estos documentos puedan incorporarse a la causa. Las opciones que bajaran en la Fiscalía Anticorrupción son dos: o que el empresario se traslade a declarar a España (o bien lo haga por videoconferencia), algo que en principio rechazó formalmente; o que mande todos los papeles por el cauce oficial. Es decir, a través de una comisión rogatoria.