Anticorrupción recela de la aparición de San Chin Choon en el “caso mascarillas”

La aparición repentina de uno de los principales protagonistas del “caso mascarillas”, el vendedor de Malasia San Chin Choon, quien hasta ahora no había dado señales de vida ha desconcertado a las partes de la causa que se abrió el pasado mes de abril. Según el correo del empresario remitido al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid sus negocios con Luis Medina y Alberto Luceño -que están siendo investigados por estafar al Ayuntamiento de la capital- fueron limpios, pero fuentes consultadas en la Fiscalía Anticorrupción recelan de esta versión y pedirán que no se incorpore a la causa si no se hace por los conductos oficiales: respondiendo a la comisión rogatoria que ya fue enviada a Malasia o viajando a Madrid para ratificar su declaración.

Anticorrupción inició este procedimiento en 2021 y antes de interponer la querella contra Medina y Luceño por delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsificación documental quiso preguntar a San Chin Choon cómo se habían conducido estos negocios con material sanitario por los que los imputados cobraron más de 6 millones de euros en total. Un formulario con una veintena de cuestiones que nunca fue contestado porque, según la embajada de Kuala Lumpur, San Chin Choon rechazó colaborar.

Pero el mail genérico del Juzgado a cargo del caso recibió esta semana, es decir meses después de la petición de información internacional, una contestación detallada supuestamente del empresario. Indicaba que cuando Luceño lo avisó de que había una investigación en España él acudió a “realizar una declaración jurada, certificando que la operación fue correcta y certificando los documentos”, si bien Malasia nunca lo puso en conocimiento de las autoridades españolas. Las fuentes consultadas en el Ministerio Público tienen serias dudas de que esto se trate de un texto firmado ante notario porque, por ejemplo, hay incoherencias en el tamaño y la letra “propio de un corta y pega”.

El supuesto Choon explica que las inexactitudes en las fechas de los contratos (datan de 2018 cuando en principio se firmó en 2020) se deben a un error y que, mientras Luceño sí colaboraba asiduamente como “agente exclusivo” de su empresa Leno, Medina era un “facilitador del vendedor”. Unos argumentos que desde la Fiscalía tachan de sinsentido porque para qué hace “exclusivo” a una persona que es meramente un intermediario puntual en el caso del hijo de Naty Abascal.

El magistrado Adolfo Carretero ha mandado esta contestación a traducir de forma íntegra, pero más allá del contenido las fuentes consultadas en Anticorrupción recalcan que este documento no puede tener validez jurídica. “Es como si un testigo le manda un mail al juez”, dicen. Las vías que aducen para que el cauce sea el correcto pasan por ser dos: en primer lugar, comunicar a la embajada de España en Malasia que se ha recibido este mensaje para que ellos lo pongan en conocimiento de la Fiscalía General del país asiático y pregunten si es cierto lo que dice Choon sobre que él quiso declarar. Así se contradiría la respuesta que se dio oficialmente.

En segundo lugar, contestar al empresario que para tener en cuenta esta declaración es necesario que o bien la ratifique personalmente ante el juzgado desplazándose a Madrid o bien declare por videoconferencia. Además, citadas fuentes no descartan solicitar más documentos a los investigados, en concreto a Luceño que es de quien Choon hace una defensa más férrea explicando la relación comercial que ambos tuvieron. La Agencia Tributaria ya informó, como consta en el sumario, de que las cuentas del empresario madrileño y sus sociedades estuvieron inactivas esos años. Si tiene pruebas de sus relaciones comerciales anteriores con la compañía Malasia puede impregnar de credibilidad esta versión. Asimismo, otra de las opciones sobre la mesa es pedir las comunicaciones que conserven sobre la negociación de Luceño y Medina con San Chin Choon.

Todo esto habida cuenta de que la Cámara de Comercio Internacional ya confirmó que los contratos que sendos investigados presentaron en el consistorio madrileño eran basados en un “falso modelo”. Sumado a que ya el fiscal Luis Rodríguez Sol encontró que en el reverso digital de estos contratos que su creación databa de marzo de 2020 mientras que la firma consta puesta en los años 2018 y 2019. Algo que, por cierto, la Policía Judicial está todavía comprobando en una diligencia que es clave para esclarecer estos hechos.