La portavoz regional, Noelia Arroyo, deja el cargo «arropada» por todo el Consejo de Gobierno

El Gobierno murciano destinará una partida de 65.000 euros a la ONG Cáritas Diócesis de Cartagena y a la Asociación Columbares para que presten ayuda a las familias en situación de riesgo de exclusión social y se evite, de este modo, el desahucio por impago del alquiler de sus viviendas. Así lo comunicó ayer la portavoz regional, Noelia Arroyo, en el marco de una «emotiva» comparecencia ante los medios para explicar los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno.

Arroyo explicó que las entidades valorarán la situación individual de cada una de las familias receptoras de las ayudas, teniendo en cuenta el nivel de ingresos, si se trata de una familia numerosa sin recursos, una monoparental, si hay algún miembro con una discapacidad superior al 33 por ciento, si se trata de una persona extranjera en situación irregular, o si hay víctimas por violencia de género.

«Las ayudas podrán ser de dos tipos: ordinaria, que no superará los 300 euros mensuales, y extraordinaria, que se concederá ante un posible desahucio por impago del alquiler y cuya cuantía máxima será de 750 euros».

Según explicó Arroyo, el pasado año la Comunidad atendió a 146 familias, integradas por 518 personas que se encuentran en riesgo de exclusión social o vulnerabilidad y que recibieron estas ayudas.

Por otra parte, la portavoz también informó de la aprobación del Sistema de Integridad Institucional y el primer Código de Conducta de Altos Cargos, elaborado por su propia Consejería, la de Transparencia y Participación Ciudadana.

De esta forma, aseguró que la finalidad es garantizar que la actividad pública de los altos cargos institucionales se realice según un comportamiento ético «que proteja, mantenga y priorice el interés público sobre el privado».

Según el documento, los altos cargos deberán «respetar la profesionalidad» de los empleados bajo su dirección, «absteniéndose de ejercer presiones o manipulaciones de cualquier tipo; deberán rechazar cualquier tipo de regalo o beneficio para sí mismos y para su círculo familiar inmediato; y deberán abstenerse de tomar decisiones en las que tengan un interés personal o se vea comprometida su neutralidad».

Asuntos sociales

Entre otros asuntos abordados en el Consejo de Gobierno, se dio luz verde a la inversión de 400.000 euros para el retorno de doctores murcianos que estén investigando en el extranjero.

Asimismo, también se aprobó una partida de 145.000 euros para que más de 600 universitarios en riesgo de exclusión social puedan continuar con sus estudios. «Los beneficiarios serán quienes hayan perdido la beca del Estado por causas sobrevenidas, como enfermedades, ser víctima de violencia de género, separaciones, enfermedad o fallecimiento de familiares, así como cualquier circunstancia no habitual que haya afectado a su rendimiento académico».

Finalmente, también se declaró Bien de Interés Cultural, con categoría de monumento, la Basílica de Nuestra Señora de la Caridad y la capilla Marraja de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en Cartagena.

Una despedida «emotiva» con todo el Consejo de Gobierno

La rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno fue, cuanto menos, extraordinaria. Casi al inicio de la comparecencia de la portavoz, todos los miembros del Ejecutivo, incluido el presidente Fernando López Miras, asistieron al último acto de Noelia Arroyo como portavoz, para centrarse en su candidatura a la Alcaldía de Cartagena. «Con la máxima ilusión y entrega, pongo fin a una etapa apasionante de cuatro años de dedicación que, como nuestra profesión, no entiende de horarios ni descanso». Arroyo, periodista de profesión, agradeció a los asistentes la ayuda y confianza en las instituciones públicas. «Aprovecho para reivindicar el papel del periodismo, el de garantizar la calidad democrática y el control sobre la actividad política». Inquirida por si le dará algún consejo a su sustituto como portavoz, aseguró que «nadie conoce mejor las decisiones del Gobierno, y lo defenderá con liderazgo y valentía». Su sucesor será el propio presidente López Miras, el primer dirigente en la democracia quien asumirá la Portavocía.