El Ministerio Público de Murcia no contempla la malversación ni la falsedad documental en la contratación de las subvenciones de la obra de Puerto Lumbreras

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia entregó ayer un escrito en la Sala de lo Civil y Penal en el que rebajaba los delitos por el que se acusan al expresidente del Gobierno autonómico, Pedro Antonio Sánchez, en el Caso «Auditorio», y le atribuyó un delito continuado de prevaricación y dos de fraude, en la contratación y en las subvenciones, solicitando la apertura de juicio oral por presunta irregularidad urbanística.

En este sentido, el fiscal rechazó atribuirle los delitos de malversación de fondos públicos y de falsedad documental, que son los que actualmente lleva el juzgado de Lorca por la convocatoria de concurso y adjudicación de las obras de construcción del Auditorio de Puerto Lumbreras durante la etapa de Sánchez como alcalde del municipio.

En el escrito entregado ayer, el Ministerio público consideró que, dado lo avanzado de las investigaciones, «lo procedente es dar este nuevo paso procesal para transformar las diligencias en procedimiento abreviado».

Así, de aceptar la sala la solicitud, se dará traslado de la propuesta del fiscal a las demás partes personadas en el caso, para que se pronuncien sobre ella y, en el caso de las defensas, para que puedan solicitar el sobreseimiento y archivo de las actuaciones.

En este sentido, la Fiscalía considera que Sánchez pudo cometer un delito continuado de prevaricación, otro de fraude y un tercero de fraude de subvenciones por su actuación desde 2006 como primer edil del municipio.

La acusación estatal incluye también en el escrito al arquitecto autor del proyecto, Martín Lejárraga, y a los altos funcionarios del consistorio que participaron en los trámites del concurso, así como a la empresa constructora, y deja fuera a los miembros de la corporación municipal de entonces, a los que también se investigaba.

El argumentario de Pedro Antonio Sánchez siempre ha respaldado que los seis millones de subvención recibidos por la Consejería de Cultura para levantar el Auditorio «están invertidos en las obras». La defensa del expresidente, además, cuenta con el aval de técnicos periciales y expertos administrativos que avalan la legalidad de las obras.