Garrido propone un «plan B» para la universidad

El presidente madrileño ofrece a los rectores trabajar de manera conjunta en un plan de financiación de las universidades de tal manera que puedan alcanzar un modelo estable de financiación hasta el año 2023.

La Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (Lemes) corre peligro de aparcarse a medida que nos adentramos en época electoral. De hecho, el Gobierno regional está valorando retirarla, pese a que estaba consensuada con Ciudadanos. Pero el presidente regional, Ángel Garrido, no quiere arriesgarse a que esta ley, que ahora está en el trámite de enmiendas, finalmente no consiga el respaldo de la formación naranja, que últimamente ha centrado su discurso tanto a nivel nacional como regional en la universidad. «Los plazos que quedan de tramitación parlamentaria son largos y los tiempos que tenemos son cortos (...) La cercanía electoral puede complicar la obtención de acuerdos parlamentarios», admitió ayer.

El PSOE no quiere que salga adelante una ley para la universidad elaborada por el PP por aquello de la «superioridad moral» que se atribuyen los socialistas en materia educativa. Tampoco Podemos, que presentará una enmienda a la totalidad de la ley solicitando su retirada y propondrá un texto alternativo en la Asamblea para su debate. Ante la duda sobre lo que finalmente hará Ciudadanos y ante la posibilidad de que la izquierda pueda sacar a la calle a sus organizaciones estudiantiles y le preparen un «otoño caliente» a pocos meses de las elecciones, previstas para el mes de mayo, Garrido ha optado por una retirada a tiempo ante la duda de que la ley le pueda acarrear más desventajas que beneficios o de que la victoria sea tan pírrica que no compense correr riesgos.

Garrido, no obstante, quería conocer la opinión de los rectores sobre la oportunidad de aparcar o no la ley y ayer celebró su primer encuentro con la CRUMA (Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Madrileñas), desde su toma de posesión, en el que estuvieron presentes los responsables de las seis universidades públicas de la región (Universidad Complutense, Universidad Autónoma, Universidad de Alcalá, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Carlos III y Universidad Politécnica). La reunión se produce la misma semana precisamente en la que el Gobierno regional ha anunciado la cuarta rebaja de las tasas universitarias, lo que supondrá un ahorro acumulado de 440 euros en Grado y 1.320 euros en Máster para los más de 200.000 universitarios madrileños.

El parecer de los rectores fue muy dispar, pero había algunos especialmente poco interesados en que salga la ley universitaria del PP, como Carlos Andradas, el rector de la Complutense, que en pocos meses tiene elecciones.

Así que Garrido está pensando en un «plan B» que pasa por renunciar a la ley y aprobar algunas medidas puntuales que ya quedan recogidas en la norma.

Si hay un asunto que preocupa a los rectores es la financiación y su estabilidad para saber con qué fondos cuentan y así poder hacer planes a largo plazo. Así que el presidente regional les ofreció trabajar de manera conjunta en un plan de financiación, de tal manera que se pueda alcanzar un modelo estable hasta el año 2023, según anunció a los medios de comunicación nada más concluir el encuentro. El plan se comprometería a partir de 2019 con la constitución de un grupo de trabajo entre las universidades y la Comunidad de Madrid. Junto a una financiación básica, habría una financiación variable ligada a la consecución de objetivos. Otra de las medidas que podrían ponerse en marcha es la creación de los sellos de calidad para el Espacio Madrileño de Eduación Superior, como los doctorados de excelencia o los grupos y centros de alto rendimiento en los campus.

El presidente regional ofreció a los rectores la posibilidad de fijar un procedimiento que incorpore los criterios que deberían aplicarse a la hora de orientar su oferta universitaria de títulos. De esta manera, a la hora de sacar un título nuevo, se tendría en cuenta, por ejemplo, la empleabilidad, y el nivel de formación requerido en el sector o los resultados que arrojan las evaluaciones de las titulaciones que ya están en el mercado. Se haría, además, un mapa de titulaciones. El presidente regional anunció la creación de un Consejo de Transparencia e Integridad, que funcionaría de manera independiente y que se encargaría de velar por el cumplimiento del código ético aprobado por los claustros de las universidades. Lo que no ve claro Garrido es la posibilidad que se abre ahora a las autonomías con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para ofrecer la gratuidad en el primer curso universitario. «Nada es gratis, todo se paga», dijo.