La Policía Municipal desalojó ayer a personas sin hogar que se manifestaron en Cibeles. «Ha crecido en los últimos dos años», afirmó Villacís.

Pasadas las once de la mañana de ayer, parte de las acampadas que llevan más de tres meses ocupando el bulevar de paseo del Prado y que ya se habían extendido hasta Cibeles, decidió hacer un nuevo acto reivindicativo. En este caso, frente al Ayuntamiento. Así, al grito de «¡Vamos, acampados!», su portavoz, Miguel Carrera, les movilizaba para trasladar doce tiendas de campaña a la puerta del Palacio de la Comunicación de Cibeles. «Como dicen que sólo hay doce personas en riesgo extremo, que el resto somos activistas, les vamos a demostrar que es mentira. Por cada uno al que le encuentren un hogar, vendrá otro con su tienda de campaña», afirmó Carrera. Así, rodeados de cámaras y periodistas, trasladaban su acampada. Una acción con la que trataban de alertar de «la estrategia de deslegitimización de Pepe Aniorte (delegado de Familia, Igualdad y Bienestar Social del Consistorio) para justificar un desalojo».

Mientras, en la Junta de Gobierno del Consistorio, el alcalde respondía a los manifestantes. «La ocupación de espacios públicos no es forma de dialogar», aseveró el edil y reiteró que de los cerca de 80 acampados solo 12 son personas sin hogar, en los que el Ayuntamiento «centra sus esfuerzos». Por su parte, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, insistió en que «el sinhogarismo aumentó en los dos últimos años» del equipo de Gobierno de Manuela Carmena por lo que entienden que haya personas que «estén molestas».

Lo cierto es que, como ha podido saber LA RAZÓN, el Consistorio madrileño ya está trabajando en un plan específico para combatir este problema que se pondrá en marcha «en los próximos meses». Un proyecto que Ciudadanos incorporaba en su programa electoral y que está desarrollando el delegado de Bienestar Social, ya que él lleva más de dos décadas trabajando en el tercer sector y conoce de primera mano los problemas de los «sin techo».

De acuerdo con el Consistorio, en los dos últimos años «hay 700 personas más sin techo. Estamos trabajando en un plan contra el sinhogarismo que pondremos en marcha en los próximos meses», afirman fuentes municipales.

En este momento, los responsables del área se están reuniendo con diferentes asociaciones «referentes en la atención a personas sin hogar» para terminar de fijar el plan que están diseñando. «Queremos abordar el problema con experiencias que ya sabemos que funciona inspirándonos en programas de otras ciudades que han sido un éxito y convirtiendo a Madrid en un referente», explican.

Así, entre las medidas que ya están sobre la mesa, el Ayuntamiento quiere impulsar la creación de «viviendas en entornos comunitarios donde estas personas puedan integrarse y recibir la atención que necesitan». Asimismo, quieren crear «planes de empleo que den oportunidades a estas personas, a través de la formación y mediante cláusulas sociales en contratos con el Ayuntamiento» para dar solución a un problema arraigado en la capital y que, con movilizaciones como las de la acampada del centro de la ciudad se hace especialmente visible.

«Decidimos unirnos para protegernos. Cuando estamos solos somos más vulnerables y vivimos situaciones de peligro, nos pegan y nos han intentado quemar», insiste el portavoz. El colectivo pidió al delegado que se reuniera con la acampada en Cibeles para escuchar sus reivindicaciones y que empiece los realojos por quienes están frente al Ayuntamiento y por las casi veinte personas que todas las noches duermen en la Plaza Mayor «al raso y metidos en cartones». También sostuvo que el Samur Social no les quiere atender, aunque les hayan pedido que acudan para realizar un censo y que pongan en marcha un seguimiento de los casos. Niegan esa atención, siempre según el portavoz de la acampada, porque lo consideran «una acción colectiva y ellos actúan en casos individuales». «Dicen que esto es una acampada reivindicativa, donde no actúan, cuando todos somos sin hogar», subrayó.

Aparte de sus reivindicaciones, Carrera aseguró que presentarán por registro más de una treintena de solicitudes de acogida urgente, «ya presentadas antes e ignoradas por la Administración», referentes a personas en la acampada.