Los agentes de Centro no creen que haya voluntarios para vigilar los recorridos y tendrán que interrumpir libranzas a algunos policías. Además, piden cascos protectores ante las últimas agresiones sufridas.

Va a hacer diez días de la muerte del joven senegalés Mmame Mbaye en Lavapiés y la confusión creada aquella tarde por las circunstancias de su muerte degeneró en una oleada de disturbios que ha durado toda la semana y no parece que la tensión que se vive en el céntrico barrio tenga visos de amainar. Aparte de las situaciones a las que se enfrentan a diario los agentes de la Policía Municipal en la zona (continúan soportando insultos y amenazas por parte de colectivos de senegaleses), el conflicto entre algunos concejales del Ayuntamiento de Madrid y los agentes municipales, que no se han sentido respaldados por sus jefes políticos, puede salpicar a los dispositivos de seguridad diseñados en torno a las procesiones de Semana Santa que comienzan ya mañana. La preocupación de los mandos policiales es evidente y los ánimos de los agentes en la Unidad Integral de Distrito Centro-Sur, que tiene asignada las zonas de Sol y Lavapiés, están por los suelos.

A la vista de los últimos acontecimientos (el miércoles otros cinco agentes resultaron heridos por parte de subsaharianos durante una intervención en la plaza de Lavapiés) los agentes dudan de que alguien vaya a apuntarse como voluntario para hacer horas extras de cara a las procesiones, al única forma de que garantizar el servicio. «La gente está muy quemada y, si no salen voluntarios, no salen las procesiones». Así de categórico se mostraba ayer un agente que, no obstante, reconoce que los mandos tendrían entonces que «obligar» a algunos policías que estén disfrutando de su jornada de descanso a tener que participar en el operativo especial de las procesiones «por necesidades del servicio».

Es decir –y para tranquilidad de los más devotos–, las procesiones saldrán y la Policía garantizará, como siempre, la seguridad durante las mismas. Pero quién va a participar en los dispositivos y en qué circunstancias se están diseñando esos cuadrantes de trabajo y libranzas, va a generar aún más malestar al que ya existe en estos agentes. Y es que, son precisamente los agentes que prestan servicio en Centro quienes, además de tener que aguantar agresiones verbales y físicas, amenazas y hasta persecuciones en metro cuando ya han colgado el uniforme, han visto como «desde arriba» les han dado de lado en los peores momentos.

Ahora, la obligatoriedad de interrumpir su jornada de descanso por «necesidades del servicio» no parece que vaya a ser acogida con agrado. Los agentes se quejan de que, en teoría, sólo deberían trabajar seis festivos al año y esas «necesidades del servicio» es la excusa a la que se agarran siempre que están en cuadro cuando, en realidad, no se trata de ninguna emergencia ni imprevisto imposible de prevenir. «Es una obviedad que cada año se sabe cuándo hay Nochevieja, procesiones, Mapoma (maratón), Orgullo Gay... pero siempre tiran de lo mismo porque no hay gente», se quejan.

Y es que este enfrentamiento a cuenta de las procesiones se une a la inseguridad que siguen sufriendo los agentes que patrullan Lavapiés. La tarde del miércoles cinco agentes resultaron heridos tras una intervención en la plaza. Les tiraron adoquines, papeleras del mobiliario urbano y todo lo que pillaron a su paso. Los agentes se habían acercado a identificar a un senegalés que trapichea con cannabis que el día anterior, como informó este diario, les amenazó: «¡Aquí va a morir un policía!», les gritó. Los policías fueron atendidos en su mutua y después de la violenta escena (el tipo fue arrestado) parece que se recomendó no entrar en la zona a menos que hubiera un requerimiento vecinal.

Integridad física en peligro

Este episodio, unido al ya habitual «¡asesinos!» y al seguimiento que sufrió el martes un agente cuando salía de trabajar y dos senegaleses le reconocieron en el metro, ha empujado a los agentes a solicitar medidas de protección especiales. Desde los disturbios posteriores a la muerte de Mbaye, la seguridad ya se había redoblado y en las patrullas, en lugar de dos agentes, iban cuatro. Pero a la vista de que esto no fue suficiente para evitar la agresión de los compañeros el miércoles, los funcionarios municipales han solicitado equipamiento. Así lo solicitó por escrito el jueves el sindicato CSIF a los responsables municipales de la seguridad en la capital. En una misiva dirigida a la alcaldesa, Manuela Carmena; al concejal de Seguridad, Javier Barbero; al coordinador de Emergencias, Daniel Vázquez y al director de la Policía, Andrés Serrano, recuerdan a los responsables políticos que es intolerable la desprotección que sufren los agentes que patrullan Lavapiés.

Ya no se quejan sólo de la falta de reconocimiento sino de que, a día de hoy, peligra su integridad física. «Se está trabajando sin tener a nuestro alcance los medios adecuados de protección par el ejercicio de nuestra labor», explican. «Sin el mínimo equipamiento con el que se pueda ejercer una respuesta inmediata ante determinadas intervenciones policiales en situaciones conflictivas como las que proporcionaría una dotación en cada vehículo policial de cascos y escudos contra el lanzamiento de objetos contundentes, como las piedras, los adoquines y demás objetos capaces de lesionar de gravedad tanto a los intervinientes como a terceros». Los profesionales explican que esta dotación estaría destinada, no sólo a su protección, sino también para «crear con ella una cápsula de aislamiento que sirva para dar protección adecuada a aquellos que, por ejemplo, se encuentran haciendo una reanimación cardiopulmonar en vía pública en entorno hostil». También reclaman defensas extensibles ya que las actuales defensas rígidas resultan incómodas de portar «durante el patrullaje tanto en motocicleta como en el interior de un radiopatrulla» ya que ante una «actuación de urgencia que requiera salir del vehículo con rapidez, no es de extrañar que se quede en el portadefensas del vehículo».

Dimisión de Barbero

Además de esta petición, los sindicatos están muy descontentos con la respuesta de los responsables políticos en la gestión de los disturbios de Lavapiés. Así, CPPM, UPM, CSIT y UGT pidieron ayer la dimisión del concejal Barbero y la implicación en esta zona del «resto de cuerpos policiales y la implicación de la Delegación del Gobierno». Solicitan además, la retirada de esa supuesta «orden no verbal» de no patrullar por Lavapiés tras los incidentes del miércoles.

A pesar del malestar de los policías con Barbero, la portavoz municipal, Rita Maestre, aseguró ayer en rueda de prensa que el cese del concejal no se produciría porque su actuación fue «extraordinariamente correcta», al igual que la de la Policía Municipal. Maestre trataba con estas declaraciones «mantener la calma» respecto al conflicto en Lavapiés porque considera que esa es una de las responsabilidades de su Gobierno. Y es que hasta el Observatorio contra el Racismo y la Intolerancia de la Comunidad de Madrid se ha pronunciado para criticar la persecución y las informaciones «falsas y tendenciosas» que alentaron el odio hacia la Policía Municipal tras el fallecimiento del ciudadano senegalés.