El doble «paseíllo» de Cifuentes

La oposición la llama a comparecer en la comisión de investigación del Congreso y de la Asamblea por las declaraciones de Granados que la vinculan con una supuesta financiación ilegal del PP entre 2007 y 2011.

Logró evitar la comparecencia «in extremis» en la Comisión de Investigación sobre Corrupción de la Asamblea para dar explicaciones sobre la retención de las actas del Canal de Isabel II. Fue después de que el juez que instruye el «caso Lezo» se pusiera de su lado y argumentara que esos documentos no debían estar en manos de la oposición. Ahora parece que nada va a poder salvar a Cristina Cifuentes de sentarse y por partida doble, tanto en la comisión abierta en el Congreso de los Diputados como en la de la Asamblea de Madrid, para responder de las acusaciones de Francisco Granados sobre su vinculación a la supuesta contabilidad «B» del partido en Madrid para sufragar las campañas electorales de 2007 y 2011, en las que Esperanza Aguirre era candidata. La presidenta de la Comunidad ha sido llamada por partida doble después de la declaración del ex secretario general del PP en la región afirmase ante el juez que las campañas se pagaban con fondos publicitarios de empresas públicas y de asegurar que Cifuentes formaba parte por aquel entonces del «núcleo de poder» que controlaba el PP madrileño. Y para vincular a la actual presidenta autonómica con la cúpula del partido, Granados aireó que por aquel entonces Cifuentes y González mantenían una supuesta relación sentimental.

A pesar de que nadie ha visto con buenos ojos la acusación sin pruebas y basada en un presunto «affair», ha valido a PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos para no sólo citar a Cifuentes, también a Esperanza Aguirre, Ignacio González y el propio Francisco Granados en ambas comisiones.

En el caso del Congreso, la presidenta autonómica tendrá que acudir el próximo 20 de marzo. Coincidirá allí con el ex gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, a quien se le investiga por delitos de cohecho y blanqueo de capitales por facilitar la presunta financiación irregular del partido en conexión con la trama «Púnica». Sus antecesores en el cargo, González y Aguirre, lo harán el 10 de abril. A todos ellos les va a preceder el propio Granados, que también ha sido llamado a responder a las preguntas de los diputados el 13 de marzo. Este mismo día también se sentará en la Comisión de la Cámara baja su ex socio, David Marjaliza.

No hay peligro, pero por muy poco, de que la citación en el Congreso coincida con la de la Asamblea. En el caso del Parlamento regional, será hoy cuando la Mesa de la Comisión sobre la Corrupción Política –en la que sólo hay representantes de los tres grupos de la oposición porque el PP la abandonó en enero en protesta porque consideraba que era un «linchamiento» contra su partido– decida la fecha de la comparecencia tanto de Cifuentes, como de Aguirre, González y Granados. La comisión terminará primero las comparecencias previstas para hablar sobre el Campo de Golf construido sobre el tercer depósito del Canal de Isabel II de Madrid (en Islas Filipinas) durante el primer gobierno de Aguirre y que la Justicia declaró ilegal. El capítulo del golf podría terminar en la próxima sesión del día 2 o extenderse hasta la del 16 de marzo. Si, por el contrario, no se alarga, Cifuentes podría comparecer el mismo día 16, adelantándose a su cita en el Congreso. Sin embargo, si la sesión del campo de Golf continúa hasta el 16, la comparecencia de la presidenta se retrasará hasta el viernes 6 de abril, ya después de Semana Santa.

La citación regional es la que más ampollas levantó ayer en el círculo de la presidenta autonómica. Su número dos en el Gobierno, Ángel Garrido, calificó la comparecencia de «lamentable» y de «inmoral» por considerar «espúreas» las de declaraciones de Granados que dan pie a la petición y porque el juez que interroga al ex secretario general del PP no vio «razón alguna para llamar a las personas que habían sido citadas» por él.

Tanto Garrido, como el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid defendieron además que la petición contraviene el reglamento de la Asamblea, ya que «quieren que venga como presidenta regional a hablar de ICM, Arpegio y Canal, en una etapa (2007-2011) en la que no tenía relación alguna con esas empresas». Además, señalan que la petición de comparecencia se ha realizado en calidad de presidenta de la Comunidad y con el cargo que tenía en el PP de Madrid por aquel entonces. Señalan además que para poder llamar tanto a Cifuentes, como a Aguirre y González, la comisión deberá modificar el plan de trabajo de la comisión que en la actualidad investiga la adjudicación del Campo de Golf del Canal. Pero para el PP «lo peor» es que ahora el PSOE, Podemos y Ciudadanos «han utilizado como base –para calificar estas comparecencias– las patéticas acusaciones de Granados sin pruebas ni sustento alguno». «Es inaudito lo que estamos viviendo en la Asamblea. El tripartito de inquisición, formado por PSOE, Podemos y Ciudadanos, pasa de nuevo el rodillo», aseguró Ossorio. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular añadió incluso que podrían solicitar un recurso de amparo institucional para evitar que comparezca. No obstante esta posibilidad no sería efectiva, ya que un recurso ante el Consititucional nunca llegaría a tiempo para parar la comparecencia prevista, como tarde, para principios del mes de abril.

Desde los tres partidos de la oposición se defendió sin embargo la presencia de Cifuentes, por segunda vez (ya tuvo que hacerlo en junio por «Púnica»), en la Comisión sobre Corrupción. «Es de sentido común» que Cifuentes dé explicaciones al haber «formado parte del PP durante 30 años». «Hace pocos días dijo que estaba encantada de ir a comparecer donde le llamaran. Si está encantada, le tendemos esa mano y la invitamos a que venga a comparecer a la comisión de investigación a dar las explicaciones que hace dos o tres semanas se negaba en rotundo», sostuvo Aguado, cuya postura en esta comisión le ha enfrentado con Cifuentes con la que aún mantiene el llamado pacto de investidura.