En sólo seis meses de funcionamiento, la última área de prioridad residencial de Centro ha incrementado un 121% las sanciones por circular en vías restringidas. Las denuncias en esta área suponen ya dos tercios del total

En las calles del centro de Madrid 53 cámaras se encargan de vigilar que ningún «forastero» entre en las Áreas de Prioridad Residencial (APR) sin llevarse, tras la visita, una multa. En 2004 el Ayuntamiento de la capital implantó las APR, unas zonas en las que sólo pueden circular los vehículos de los vecinos y los de aquellos conductores que solicitan una autorización y, reuniendo los requisitos, les es concedida. A la APR de las Cortes, que en 2005 se amplió con 16 cámaras a prácticamente todo el barrio, le siguió –en 2006– el área exclusiva para residentes de Embajadores. Hoy, doce años después, los datos dejan claro que la última zona en implantar este sistema, la de Ópera, es la más rentable en términos económicos para el consistorio que dirige Manuela Carmena.

Sólo desde el 16 de marzo –fecha en que empezó a multar– hasta el pasado 30 de junio (última fecha con datos diponibles), 152.890 conductores han sido «cazados» por las 21 cámaras que se encargan de velar por la circulación en esta zona. O, lo que es lo mismo, los conductores madrileños se dejan cada día 128.599 euros en sanciones en Ópera.

Entre mediados de marzo y junio del año pasado, el área de Movilidad tramitó 103.551 denuncias por un importe de 9,3 millones de euros en conjunto de las tres APR que estaban en funcionamiento. Este año, tras la llegada de Ópera, las multas han aumentado hasta las 229.185, lo que ha supuesto una recaudación de algo más de 20,6 millones de euros. En apenas seis meses de existencia, las sanciones en la APR de Ópera han conseguido que las multas por «no respetar las señales de una vía de circulación restringida o reservada», que es el concepto que se recoge en las denuncias, hayan incrementado un 121% la recaudación de las sanciones de este tipo que tramita el Ayuntamiento de Madrid. Cada día caen en la «trampa» de las calles Jacometrezo, Mayor o Leganitos, que son algunas de las vías del barrio en las que hay instaladas cámaras, más de 1.428 conductores.

Que dos de cada tres multas de las APR se tramiten desde el barrio de Ópera tiene difícil explicación en términos de movilidad para el presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA). Mario Arnaldo cree que «la única justificación para implantar esta APR es el afán recaudatorio». Sólo atribuye el hecho de que el número de sanciones en este barrio sea tan superior a los de las áreas de las Cortes, Embajadores o Las Letras a que el proyecto de implantación de la APR de Ópera presenta importantes anomalías. Así, alerta de que de las cien calles a las que afectan las restricciones al tráfico en este barrio, 28 son peatonales y 16 continúan siendo libres a la circulación de vehículos de todo tipo. «La medida no tiene ningún carácter ejemplificador, por el volumen de sanciones tendríamos que concluir que los madrieños tenemos un enorme ánimo infractor», aseguró con cierta sorna el responsable de AEA, quien explica que, por la propia morfología de las calles afectadas por la circulación reservada, el tráfico «se autorregulaba». «Son calles estrechas que apenas tenían circulación», añade Arnaldo.

El funcionamiento de la APR de Ópera ha estado rodeada de polémica desde su mismo nacimiento. Primero, porque su puesta en marcha se vio retrasada en 2014 con el cambio de gobierno municipal. El 1 de noviembre, cuando finalmente comenzó a sancionar, lo hizo multando tanto a residentes (en esta zona 700 vehículos tienen autorizado el paso) como a visitantes sin permiso o a aquellos que concluían su trayecto en alguno de los aparcamientos de la zona y que, por este motivo, sí podían circular por las calles del barrio. El resultado: algunos vecinos llegaron a acumular más de mil euros en sanciones erróneas. En sólo treinta días el último barrio en unirse a las calles de prioridad residencial se puso a la cabeza del ranking al acumular un 86% del total de multas de las APR en noviembre. La «solución», tras la presión popular, llegó en febrero en forma de acuerdo en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. El consistorio tomó una decisión salomónica y anuló todas las multas hasta el 15 de marzo para subsanar la interminable serie de equivocaciones y problemas informáticos que había acumulado hasta ese momento. Durante esos meses, además de solventar errores con las imágenes que los aparcamientos deben remitir a Movilidad para que contraste las matrículas con las de los vehículos sancionados, el Ayuntamiento tuvo que mejorar la señalización de las calles de este barrio.

Todo el centro será área de prioridad con Justicia y Universidad

El proyecto no es suyo, sino que fue Alberto Ruiz-Gallardón quien lo planeó, pero el equipo de Gobierno de Manuela Carmena ve con buenos ojos llevar a cabo el cierre casi completo de Centro al tráfico con la creación de dos nuevas Áreas de Prioridad Residencial (APR) en los barrios de Justicia y Universidad, al norte de la Gran Vía, que podrían entrar en vigor el próximo año. Actualmente el consistorio está estudiando con residentes y comerciantes la implantación de estas nuevas APR, que quedaron en suspenso en época de Gallardón y también con Ana Botella debido a la crisis económica. Pero, además, también se planea poner coto a las zonas pendientes en La Latina junto al barrio de Palacio, recientemente cerrado para el tráfico habitual en la APR de Ópera, y también en el entorno de Sol, que aún tiene permitido el paso de vehículos para no residentes y es la única zona del sur del distrito en la que aún se permite la libre circulación. Con todo, debido a la fuerte presión, especialmente por parte de las asociaciones de comerciantes de Centro, el Ayuntamiento de Madrid está estudiando adaptar tanto los horarios como los vehículos autorizados para circular por las nuevas áreas de residentes, de modo que no perjudiquen la actividad comercial.