Política

Comunidad de Madrid

Cada garaje invertirá 50.000 euros para «fichar» las matrículas

Los empresarios afectados temen no poder hacer frente al coste y denuncian la falta de explicaciones.

La asociación que los agrupa recuerda que en la pasada campaña de Navidad, con las restricciones en Gran Vía, perdieron entre un 30 y un 40% de negocio
La asociación que los agrupa recuerda que en la pasada campaña de Navidad, con las restricciones en Gran Vía, perdieron entre un 30 y un 40% de negociolarazon

Los empresarios afectados temen no poder hacer frente al coste y denuncian la falta de explicaciones.

Alrededor de 50.000 euros tendrán que invertir cada uno de los pequeños empresarios propietarios de aparcamientos en el distrito Centro con la llegada de Madrid Central. Una inversión que, según denunció ayer la Asociación de Empresarios de Garajes, Aparcamientos, Estaciones de Engrase y Lavado y Autoestaciones de Madrid (Amega) no pueden permitirse la mayor parte de los alrededor de 50 garajes afectados por la implantación de esta nueva Área de Prioridad Residencial (APR).

Según afirmó el presidente de Amega, Domingo Prada, el Ayuntamiento no se ha reunido en ningún momento con ellos para explicarles cómo enviar las matrículas de los vehículos que entren en los aparcamientos y así evitarles la multa por acceder a Madrid Central. «Lo único que nos han dicho es que el sistema más conveniente es uno automático que cuesta alrededor de 50.000 euros y que no han consultado con los afectados», explica y detalla que, aunque hay aparcamientos grandes, también los hay de treinta plazas que no se pueden permitir esa cantidad.

Además, reclaman al consistorio que instalen un sistema de paneles informativos para alertar a los conductores antes de entrar la APR de la ocupación de los aparcamientos «porque después están todos ocupados y reciben multas aunque su intención era entrar a un garaje. Tememos que ocurra como en Navidad con el cierre de Gran Vía, que perdimos entre un 30 y un 40 por ciento del negocio porque no dejaban acceder a los aparcamientos que decían que estaban llenos», señala Prada.

El portavoz también denunció que no le parece «normal ni correcto» que «todo el mundo tenga que comunicar sus matrículas» al Ayuntamiento, al modo de «un Estado policial, como si estuviéramos en un régimen comunista cerrado, que aquí todo el mundo tiene que saber dónde va todo el mundo». Es por ello que han reclamado a la alcaldesa madrileña, Manuela Carmena, y, especialmente, a su concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, que se reúnan con ellos para encontrar una solución. «No hagan lo que pueden revocarles dentro de seis meses», pidió Prada, que ayer se reunión con el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José Luis Martínez-Almeida, quien insistió en que el proyecto de Madrid Central no está «suficientemente maduro» y pidió a Carmena que lo paralice hasta que haya medidas que garanticen que estos pequeños empresarios puedan seguir ejerciendo su actividad.

En lo que respecta a los informes de impacto de la implantación de esta APR que reclaman desde la Comunidad y que, para obtenerlos, el Consistorio remite a su página web y Boletín del Ayuntamiento, Almeida insiste en que Carmena «se descalifica por sí misma», ya que «¿puede pensar que mandar a consultar la página web, el boletín, es una muestra de cooperación institucional?». Almeida cree que a Carmena se le debería «caer la cara de vergüenza», ya que son «cosas suficientemente serias».

Asimismo, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, aseveró ayer que los servicios jurídicos regionales han detectado que falta información para poner en marcha Madrid Central. «Analizaremos lo que tenemos y actuaremos en consecuencia», amenazó. «No hemos recibido carta oficial, que es lo que tiene validez administrativa», añadió. Por su parte, Sabanés, a última hora de ayer, insistió en que se ha facilitado toda la información «por activa y por pasiva» e insistió en que «es competencia del Consistorio».