El pleno del Ayuntamiento de Valencia aprobó ayer, con los votos del PP y el PSPV, la nueva ordenanza de prostitución que incide en las sanciones a clientes y la prohibición de publicidad de la actividad, y que rechazaron EU y Compromís por considerar que criminaliza a las prostitutas.

Según el concejal de Seguridad Ciudadana, Miquel Domínguez, esta ordenanza atiende las reclamaciones vecinales para suprimir la prostitución en la vía pública. El problema social, dijo, «es otra cuestión». A su juicio, esta norma no va contra las prostitutas, sino contra la ocupación de la vía publica que hacen y contra los clientes por las molestias que generan.

Por su parte, el portavoz del PSPV, Joan Calabuig, la defendió como la ordenanza de «contenido más avanzado» de España. «Había que desligitimar a quienes abusan de las mujeres y por eso la sanción se centra en el cliente y los prostituidores». Sin embargo, para la concejal de Compromís Consol Castillo y la de EU Rosa Albert la ordenanza «invisibiliza» la prostitución porque las trasladará a otra zona.

Asimismo, mientras la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia pedía que no se apruebe «hasta que no haya un debate entre todos los implicados y más consenso en su redacción», la Asociación de Vecinos El Palleter mostró su apoyo a la norma.

Al margen de la ordenanza, el pleno aprobó por unanimidad una moción del PSPV para que todos los grupos políticos formen parte de la mesa técnica de proyectos para la prostitución, que profundice en un plan social que incida en la reinserción socio laboral de las mujeres que ejercen esta actividad.

De igual modo, el Pleno respaldó de manera unánime la actuación municipal en la gestión de archivos de «software» , así como seguir la colaboración con la industria valenciana del sector TIC (Tecnologías de la Información y la comunicación). Así se recoge en la propuesta que la concejala de Innovación, Beatriz Simón, presentó ayer ante la Corporación, en respuesta a una moción planteada por la concejala Pilar Soriano, de Compromís.