Intu anuncia acciones penales contra el Consell por rechazar su proyecto

Un presidente que habla de seguridad jurídica pero no la transmite, conselleras que disienten de sus secretarios autonómicos, cambios de planes de última hora. Ayer, finalmente, tras días de alta tensión, los directivos del fondo de inversiones Intu Eurofound Investments, promotor del proyecto de centro comercial en Paterna Intu Mediterrani, dieron un golpe sobre la mesa y anunciaron que estudian iniciar acciones penales contra la Generalitat tras el anuncio de la Conselleria de Medio Ambiente del comienzo de los trámites para la inadmisión del proyecto.

La «amenaza» de esta paralización se suma, según manifestaron fuentes de la empresa, a «los diferentes intentos de entorpecer la viabilidad» del centro de ocio proyectado, que comenzaron en 2016 con la emisión de un informe desfavorable de la Comisión de Evaluación Ambiental, con una demora de dos años.

Esa postura, según Intu, ha continuado con el plan de comercio Patsecova y la reciente modificación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), que supondría la inviabilidad del proyecto comercial.

A pesar de que por la mañana fuentes de la compañía transmitían su confianza en que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, haría valer finalmente su apoyo al proyecto, horas más tarde la empresa anunció que su equipo legal, formado por «prestigiosos» bufetes nacionales e internacionales y liderados por la firma Clifford Chance, estudia nuevas acciones contra lo que considera «una actuación completamente desviada de la Administración, y de sus responsables».

No solo serían acciones por la vía administrativa, sino también por lo civil y penal contra la Administración y contra los responsables políticos de las resoluciones administrativas «tan sumamente cuestionables».

Esta medida se enmarca en las acciones ya iniciadas por Intu en relación al rechazo a su primer proyecto y se trata de «un paso más en las acciones legales emprendidas en defensa de los legítimos intereses de la firma», añadieron desde la empresa.

A su juicio, «las sucesivas trabas» impuestas por la Administración pueden ser constitutivas de delitos de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal, así como de falsedad documental por «las falsedades contenidas» en los múltiples informes y resoluciones.