El Partido Popular aprobó ayer en solitario la ley que autoriza al Gobierno valenciano a extinguir, disolver y liquidar Radiotelevisió Valenciana (RTVV). A partir de ahora, solo cabe esperar el momento en el que se proceda a la desconexión de la radio y la televisión pública, 29 años y medio después de que Les Corts aprobasen por unanimidad su creación.

El DOGV publicó ayer por la tarde la ley. No suele ser habitual esta premura, aunque fuentes de Presidencia aseguraron que se debía a recomendaciones legales. Insistieron en que la emisión no iría a negro a medianoche, un rumor muy extendido entre los trabajadores.

El debate no perdió intensidad en las más de tres horas y media que duró. Fue muy tenso, la oposición aludió constantemente a que el cierre de RTVV es el último fracaso de un Gobierno popular, puesto que su derrota en las urnas, a casi dos años vista de las elecciones, está cantada.

La ley quedó aprobada por 49 de los 54 diputados del PP, faltaban la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, Angélica Such y Rosa Roca, todos por motivos médicos. Mayte Parra emitió un voto nulo. Los votos en contra sumaron 42, faltaban Jorge Alarte y José Benlloch. El ex popular Rafael Blasco asistió al principio de la sesión, pero se ausentó pasados unos minutos y no regresó.

El PP había preparado un discurso poco agresivo y desprovisto de cifras. Quizás con la intención de reducir el tono de las intervenciones, pero no lo consiguió.

Minutos antes de comenzar el pleno el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, hacía unas breves declaraciones. «Es una decisión muy difícil y compleja, pero la responsabilidad del Ejecutivo autonómico está con los cinco millones de valencianos, sobre todo, con la necesidad de seguir teniendo presupuesto para garantizar el Estado del Bienestar».

Fue este el único argumento que repitieron los parlamentarios populares que subieron a defender los diferentes trámites, necesarios para concluir con la aprobación de la ley de extinción del ente. Esta vez el aplauso no vino de quien conseguía ganar una y otra votación. La consigna estaba clara. No se puede celebrar el despido de 1.700 trabajadores.

El aplauso llegó de la oposición. Aprobada la ley de extinción se dirigieron a la tribuna de invitados, donde esta vez sí habían guardado sitio para el Comité de Empresa, para mostrarles su apoyo. La respuesta fue inmediata. «No teniu vergonya!», clamaron los trabajadores. El PP enmudeció aún más. Paralizado contemplaba una escena tan previsible como insoportable e incómoda.

El presidente de Les Corts, Juan Cotino, suspendió la sesión y ordenó el desalojo de los invitados. El presidente Fabra y el vicepresidente Císcar abandonaron el hemiciclo mirando al suelo. Mientras los trabajadores en la calle gritaban contra el PP, otros simplemente lloraban.

Los populares reiteraron los argumentos defendidos hasta ahora. El vicepresidente del Consell, José Císcar, el alcalde de Sagunto, Alfredo Castelló, Rafael Maluenda y el síndic Jorge Bellver intervinieron a lo largo de la sesión. Insistieron en que el cierre es necesario para mantener los servicios básicos, que la ejecución de un ERE era imprescindible y que ante su anulación no hay otra alternativa.

Bellver defendió que el PP hizo todo lo que estaba en sus manos para conseguir una empresa pública viable. Acusó a la oposición de insultar y mentir y de no haber querido pactar la creación de un nuevo modelo. «No engañamos a los ciudadanos. Dijimos que no cerraríamos ni colegios ni hospitales y así ha sido».

A la espera de Justicia

Argumentos que la oposición casi ni se molestó en responder. El diputado socialista Josep Moreno no se privó de nada, incluso sacó a relucir el caso de los trajes. Lamentó que no haya habido debate político para buscar una solución y aseguró que la no existencia de una televisión pública es incompatible con la democracia. «Esta Cámara no vive una situación de normalidad». Arremetió contra los populares diciendo que ni siquiera «son de derechas» porque el cierre de una televisión pública no se concibe ni en Estados Unidos. Insistió en que el cierre se debe a la mala gestión y «al saqueo» al que el PP ha sometido durante años a la televisión.

Pero como estas acusaciones no serán más que titular de un día, avanzó que el PSPV acudirá a cuantas instancias legales que sean necesarias para revertir el cierre.

Más concreto fue el portavoz de Compromís, Enric Morera. Advirtió a los consellers, miembros de la Junta General de RTVV, que si votaban a favor de la liquidación podían estar cometiendo un delito de «administración desleal» por el que pagarán con su propio patrimonio. «No voy de farol», aseguró, «yo de ustedes llamaría a mis abogados». La advertencia no tuvo resultado. El discurso de Compromís quedó redondo con la intervención de la diputada de Compromís, Mónica Oltra. Acusó al Consell de promover un estado de excepción y les aseguró que esta «no es la crónica de la muerte anunciada de RTVV, sino de la suya propia».

Por su parte, el diputado de EU, José Blanco, fue señalando a los diputados populares, a los más conocidos, a los que les recordó que son los culpables del cierre. Como el resto de la oposición, auguró que «esta es y será su derrota política. El antiguo régimen se agota. Habrá un medio de comunicación público y ustedes no gobernarán».