El Consell bajará el precio de las VPO para lograr su venta o alquiler

En la época de la burbuja inmobiliaria subieron de manera disparatada los precios de la vivienda, incluidos los de las Viviendas de Protección Pública (VPP), las conocidas todavía como VPO. Con su estallido muchos pisos quedaron- y quedan- por vender, también los protegidos, puesto que su precio también estaba fuera del alcance de la población. Ahora, la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas está decidida a rebajarlo para conseguir venderlas, alquilarlas u ofrecer la alternativa intermedia, el alquiler con opción a compra.

La Generalitat tiene 1.042 viviendas en régimen de arrendamiento y están vacías el 45 por ciento. Además, en las habitadas existe una alta tasa de morosidad. En compraventa tiene 340 pisos vacíos. «El precio de los módulos es inaccesible y dado el calibre del drama social, no podemos permitirnos que estén sin habitar».

La modificación del precio del módulo de la VPP no es sencilla. Debe hacerse municipio por municipio y ha de tenerse en cuenta otro factor, que el coste de la reducción en el precio del metro cuadrado irá a parar directamente a parar a las arcas públicas.

La directora general de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana (EIGE), Blanca Marín, puso como ejemplo el caso de Orihuela. En esta localidad ya se ha decidido bajar en 10.000 euros el precio de una promoción de viviendas públicas para conseguir venderlas.

El cambio en el acceso a este tipo de pisos se extenderá también a los requisitos exigidos a los compradores e inquilinos.

Otra de las prioridades en la «nueva» política de vivienda es la rehabilitación de los pisos sociales, aquellos que se reservan a los colectivos menos desfavorecidos. Por una parte, Salvador se comprometió a que el próximo año 250 viviendas tendrán las condiciones necesarias de habitabilidad. Estas se sumarán a las 76 ya reparadas y las 30 que están en ejecución. Criticó que el PP no se haya preocupado en conservar el patrimonio de la Generalitat y recordó que en los Presupuestos de 2016 hay consignados siete millones.

Cero desahucios

El Consell no desalojará a ninguna persona de las viviendas públicas. Salvador recordó que se trata de un compromiso que se adoptó en el primer pleno del Consell. Lamentó que el anterior equipo de Gobierno hubiese permitido el desahucio desde 2013 a 2015 de 1.136 inquilinos.

Se trata de una cifra muy elevada y que contradice a su antecesora, ahora portavoz del PP en Les Corts, Isabel Bonig, quien ha reiterado que nunca desalojó a nadie que tuviese asignada una vivienda pública.

Salvador admitió que la morosidad en este ámbito alcanza el 40 por ciento, pero confió en que este anuncio no lo incremente. Para evitarlo, dijo que se pondrá en marcha una campaña de información para que los inquilinos sepan que pueden pedir bonificaciones hasta del 90 por ciento.

Sancionar a los bancos con pisos vacíos

El proyecto de ley de la Función Social de la Vivienda se presentará en diciembre. En esta norma se regulará la manera de garantizar la vivienda como un «derecho subjetivo, igual que son las pensiones» y las sanciones a las entidades bancarias que no cedan a la Generalitat los pisos que tengan vacíos para que puedan ponerse a disposición de personas con dificultades de acceso a la vivienda. Para determinar cómo se aplica esta penalización primero hay que definir qué se entiende por piso vacío. A continuación se creará un registro. Salvador lamentó que solo Cajamar, Caixa Ontinyent y Caja Popular han firmado el protocolo antidesahucios. El resto, «a pesar de ser entidades rescatadas, se han negado».