Las entidades sociales quieren que se celebre un pleno en el Parlament al año sobre pobreza.

La Mesa del Tercer Sector, que agrupa a más de 3.000 entidades sociales, presentó ayer su lista de propuestas y deseos a los candidatos que concurren a las elecciones del 21D. Entre ellas, quiere que se comprometan a convocar un pleno monográfico anual sobre la pobreza en Cataluña, que aumenten el parque de viviendas sociales y que destinen al menos el 2,4% del PIB a la infancia. La Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña, que también pide entrar en el Consejo de Dirección del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), hizo públicas ayer, por lo tanto, sus 54 propuestas en un documento «para mejorar y potenciar las políticas sociales».

El documento también incluye la posición de la Mesa del Tercer Sector sobre la situación política catalana y, en este sentido, reclama la retirada del artículo 155, rechaza el cese del Govern y critica la judicialización del conflicto. «Nuestro sistema de bienestar todavía presenta muchos retos para poder hacer decrecer las desigualdades y la injusticia en nuestra población. El objetivo de lograr un país socialmente más justo se hace aún más difícil sin un Tercer Sector fuerte», argumentan las entidades. Según la Mesa del Tercer Sector, «la crisis, primero, y la situación política, estos últimos meses, han puesto en grave riesgo muchos servicios y programas sociales de las entidades, con impacto sobre miles de usuarios vulnerables, y han puesto en evidencia la fragilidad y la inestabilidad de algunas de las modalidades de financiación pública, como las subvenciones anuales, que sostienen muchos de estos programas y servicios».

En cuanto a la situación política, el documento de la Mesa del Tercer Sector rechaza la aplicación del artículo 155 y denuncia «el cese de un Govern elegido democráticamente por la ciudadanía». «Además, la intervención económica que padecemos desde septiembre ha perjudicado gravemente el sostenimiento presupuestario de muchos programas sociales de las entidades», asegura el documento. «Denunciamos la judicialización de la vida institucional y cívica de nuestro país y volvemos a recordar que los conflictos políticos sólo pueden resolverse políticamente, apostando por la negociación y el diálogo», concluye. Entre las propuestas sociales más destacadas del documento figuran actualizar el Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC) teniendo en cuenta el crecimiento del coste de la vida desde 2010 y destinar nuevos ingresos procedentes de nuevas figuras impositivas a incrementar y reforzar las políticas sociales. Impulsar una banca pública catalana, favorecer las entidades financieras cooperativas y comunitarias, y promover que los bancos incrementen su aportación a programas sociales, son otras de las propuestas.

También piden potenciar el modelo de atención comunitaria centrada en la persona, garantizar plazas suficientes en centros residenciales, centros de día y centros ocupacionales para personas con discapacidad, enfermedad mental o adicciones y seguir ampliando el parque público de viviendas de alquiler social mediante, entre otros, la creación de un fondo de inversión social. O avanzar en la firma de convenios con las empresas suministradoras (especialmente del sector eléctrico y gasístico) para evitar cortes.