La defensa de Millet acusa al Palau de «encubrir» a CDC

El abogado del ex presidente de la entidad denuncia el «arresto domiciliario» de su cliente.

La nueva, y una de las últimas de las sesiones del juicio por el caso Palau fue protagonizada ayer por las defensas de los dos principales acusados, el ex presidente de la entidad Fèlix Millet, y su ex brazo derecho y ex director administrativo del organismo, Jordi Montull. Como era previsible, rebatieron todas las tesis del fiscal, Emilio Sánchez Ulled, al que incluso acusaron de «vivir en una burbuja». No se trató, ni mucho menos, del primer rifirrafe entre la defensa de los acusados y el Ministerio Público.

El motivo de esta afirmación fue uno de los puntos más polémicos de todo del juicio, los famosos nueve millones presuntamente saqueados de las cuentas del Palau de la Música, por parte de Millet y Jordi Montull y su hija, la ex directora financiera Gemma Montull, también acusada. Las defensas de todos ellos aseguraron que «a veces se pagaba en negro». El abogado del ex presidente de la entidad, Abraham Castro llegó incluso a afirmar que su cliente hizo «cosas extraordinariamente buenas» en la entidad.

«Encubrimiento»

No obstante, y una vez más, el juicio volvió al ámbito político. La defensa de Millet, además de cargar contra la Fiscalía, también reprochó a las acusaciones de la Fundació y el Consorci del Palau –la única que es pública– que «encubran» la presunta financiación ilícita de CDC delatada por Millet, tal vez porque «confesó demasiado».

Castro, en sus informes finales del juicio, señaló que «varias de las acusaciones del caso han venido ignorando, cuando no encubriendo, una parte de los hechos confesados, especialmente la Fundació del Palau, y más claramente la actual presidenta del Palau, Mariona Carulla». La sentencia puede llegar en septiembre.

La intervención de Castro contrastó con fuerza con las intervenciones la semana pasada del fiscal, que no dejó títere con cabeza, desde Millet y Montull hasta la antigua CDC, a la que acusó de cobrar comisiones ilegales por parte de una empresa constructora. No obstante, rebajó hasta la mitad las penas de cárcel, hasta los catorce años, para los dos principales dos acusados, y dos años para Gemma Montull, lo que le evitaría cárcel.

Hubo más quejas por parte de la defensa de Millet. Dijo que su cliente «ha pasado ocho años en arresto domiciliario», con toda seguridad en referencia a la opinión pública. De todas maneras, aunque no llegaron a concretar nada, los abogados de los ex responsables de la entidad pidieron el indulto parcial. Falta por ver la recta final del juicio.