Una vez imputado policialmente por la Guardia Civil –de momento no a nivel judicial–, el juez investiga al ex conseller de Política Territorial y Obras Públicas (Ptop) en la época del tripartito, Joaquim Nadal, por presuntas irregularidades en una operación urbanística acaecida en Santa Cristina d'Aro (Girona) en 2006 por parte del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), confirmaron ayer fuentes judiciales cercanas a las pesquisas. El caso está bajo secreto de sumario.

Concretamente, la investigación es por un acuerdo firmado en 2006 entre el Incasòl, el Ayuntamiento de la citada localidad y un promotor, por el que la empresa pública pagó 7,5 millones de euros por unos terrenos, una cantidad que en principio el juez considera «desproporcionada».

A Nadal, entonces conseller del Ptop y también presidente del consejo de administración del Incasòl, se le atribuye un presunto delito de malversación de fondos públicos. El ente público adquirió unos terrenos en el valle de Solius a precio de zona urbanizable-para proteger la zona y que no se construyera un polígono industrial-, y después se le dio un uso medioambiental, con un valor mucho menor. Todo viene por una denuncia del empresario promotor, que se sintió perjudicado por la actuación de la conselleria.

Declaración

Nadal declaró el lunes, acompañado de un abogado, en el cuartel de la Guardia Civil del barrio barcelonés de Gràcia. De momento, no se ha formalizado una imputación judicial contra el ex conseller del Ptop.

Todo arrancó de los trámites para la construcción de un polígono en Solius, en Santa Cristina d'Aro, que provocó protestas vecinales y entidades ecologistas por el alto valor natural y paisajístico de la zona. Según el citado acuerdo, la Generalitat compró la mitad de la zona urbanizable a la empresa constructora, y la compensó con una permuta de terrenos en el sector Bernades del municipio.

El problema es que estos terrenos presentaron un cuadro excesivo de humedad. Las dificultades por las humedades de esos terrenos obligaban a la promotora a afrontar una inversión mayor a la prevista y el polígono no llegó a desarrollarse, por lo que el empresario se sintió perjudicado y presentó una denuncia.

Nadal señaló ayer que acudió a declarar ante la Guardia Civil con un abogado para «garantizar» su defensa. El ex conseller sostuvo que siempre actuó «en términos de la más absoluta legalidad» y «en defensa del interés público», y añadió que la Generalitat compró los terrenos de Solius para evitar un «atentado de carácter ambiental».