Esta inhibición, que hace referencia a las presuntas comisiones ilegales pagadas por empresas constructoras a la antigua CDC, responde a una antigua petición de la Fiscalía Anticorrupción.

El juzgado de instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona) acordó inhibirse a los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional de la investigación de las presuntas comisiones ilegales del 3 por ciento pagadas por constructoras a CDC a cambio de concesiones de obra pública. Se trata de un asunto delicado, especialmente ahora, con la actual situación política, y también por la sentencia del caso Palau y el ingreso en prisión de los principales culpables del expolio, Fèlix Millet y Jordi Montull.

Esta inhibición responde a la petición de la Fiscalía Anticorrupción por entender que la competencia corresponde a dicho órgano judicial, dados los delitos que se investigan y el ámbito territorial donde se cometieron.

Investigaciones

Este juzgado investiga al ex diputado en el Parlament y ex conseller Germà Gordó, y a dos ex tesoreros de CDC, así como a varios empresarios, por presuntos delitos como cohecho, prevaricación, alteración de precios de concursos públicos, malversación de fondos públicos, fraudes y exacciones ilegales, blanqueo de capitales y financiación ilegal de partidos políticos. Ahora la Audiencia Nacional deberá pronunciarse respecto a la inhibición y decidir si asume la causa, y en el caso de rechazarla, se puede plantear una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo.

El juez Josep Bosch asegura que comparte los argumentos de la Fiscalía para considerar que la competencia del caso debe asumirla la Audiencia Nacional, debido al grave perjuicio para la economía nacional de este caso por la «generalización de la manipulación de concursos públicos», la complejidad de la causa y que hay algunos investigados que presuntamente realizaron operaciones económicas en el extranjero.

Concretamente, sobre el perjuicio causado a la economía nacional, el juez destaca que el presupuesto agregado de las licitaciones de obras y servicios públicos bajo investigación alcanzan los 218 millones de euros y las donaciones a fundaciones de la órbita de CDC se elevaron a 10,3 millones.

«La existencia de este tipo de prácticas colusorias de la concurrencia de candidatos a la contratación pública supondría un grave perjuicio para la economía nacional», argumenta el auto.

Según el juez, la investigación destapó una «posible trama de financiación de CDC por medio de donaciones de empresas constructoras de ingeniería que resultarían adjudicatarias de obras y proyectos por entes bajo su control político», como los ayuntamientos de Sant Cugat del Vallès, Sant Celoni, Torredembarra, Figueres, Olot, Lloret de Mar, Infraestructures de la Generalitat y la Autoritat Portuària.