Sin propuestas concretas. Así se presentó la nueva ministra de Sanidad, Carmen Montón, al Consejo Interterritorial para analizar la universalización sanitaria. Algo que criticó el consejero de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, quien también lamentó que el Ejecutivo central «sólo les haya facilitado declaraciones de intenciones», que no incluyen ni memoria económica, ni normativa.

Al respecto, aseguró que resulta «confuso» que Carmen Montón hable de recuperar este derecho cuando las Comunidades Autónomas han seguido otorgando asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular a lo largo de estos años. Sáez Aguado recordó que Castilla y León siempre fue por delante y no dejó sin atender a ninguna persona.

Sobre el documento presentado por la ministra, el consejero añadió que la intención del Gobierno de España es dotar a los inmigrantes irregulares de los mismos derechos que al resto de ciudadanos, cuando la misma propuesta excluye la posibilidad de que puedan optar a transplantes y les impone otros condicionantes como un tiempo mínimo necesario de empadronamiento para poder ser atendidos o que no tengan el derecho de asistencia reconocido en otro país.

En este sentido la ministra explicó que su intención es regular la atención de manera que «no haya abusos pero tampoco quede sin asistencia ninguna persona que lo necesite y lo merezca».

Por ello, avanzó que estudiarán el modo de que aquellas personas que no puedan acreditar su empadronamiento durante 90 días, puedan acceder a la sanidad si cuentan con un informe social.

Otro punto con el que Sáez Aguado discrepó fue que Montón pretenda que los ciudadanos en situación irregular mayores de 65 años vayan a hacer una aportación del 40 por ciento en farmacia y defendió que en Castilla y León, hacen frente al mismo porcentaje que los ciudadanos españoles.

De manera que según el consejero, la propuesta de la ministra de Sanidad no hace sino reconocer lo que ya están haciendo las administraciones regionales independientemente del signo político: facilitar la atención a las personas que están en situación irregular y que no tienen recursos económicos.

Atención más cara

Montón se defendió asegurando que en estos momentos se atiende a los inmigrantes en situación irregular en urgencias, lo que resulta más caro que su acceso a la sanidad a través de atención primaria, de manera que no espera que se produzca «un sobrecoste». «Eso es una constante en el sistema nacional de salud», dijo y desmintió que se hayan dejado de atender a 840.000 personas desde 2012.