Los sanitarios serán autoridad pública a la hora de padecer alguna agresión

Los profesionales sanitarios de Castilla y León serán considerados autoridad pública a partir del próximo año, de manera que, en caso de sufrir agresión mientras trabajan, primará su versión desde el punto de vista legal, cuando sea formalizada por escrito. Así lo trasladó el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, quien presidió en Valladolid la reunión del Observatorio de Agresiones al Personal, de la Gerencia de Salud, ante el que detalló que esta medida servirá para resolver con más agilidad expedientes administrativos y procesos judiciales abiertos.

Un foro en el que el consejero también puso de manifiesto el aumento, en un 15 por ciento, del número de incidentes (291) en los diferentes centros de Sacyl, durante los nueve primeros meses de este año, con respecto al mismo periodo del pasado 2012, con 355 personas afectadas, sobre todo en hospitales (233).

El consejero explicó a los presentes -representantes de sindicatos, colegios profesionales, Fiscalía y diferentes departamentos de la Junta (Servicios Sociales, Función Pública o Trabajo, entre otros)- que este incremento responde a una mejora en la detección y la comunicación de siniestros con mayor rapidez.

De igual manera, trasladó a los asistentes que, entre enero y septiembre, se registró un aumento en la reincidencia por parte de agresores. En concreto, señaló que cuatro pacientes o grupos familiares acumulan el 17 por ciento de las agresiones registradas en los centros hospitalarios, con 31 de 183, lugares en que tuvieron lugar el 63 por ciento de los incidentes. En los centros de Atención Primaria fueron 107 -el 37 por ciento-.

En cuanto a los ciudadanos que acumulan varias agresiones y reinciden, citó ejemplos como un paciente con patología dual que provocó 16 altercados en un espacio de psiquiatría entre febrero y agosto, o dos acompañantes en un servicio de Cardiología y en otro de Medicina Interna que provocaron hasta seis incidentes, respectivamente, en los meses de enero y febrero el primero, y en marzo, el segundo.

La mayoría de las agresiones (dos de cada tres) presentan una tipología verbal, un 20 por ciento responden a un perfil psicológico y el resto, un catorce por ciento, físico, siendo estas últimas las que más crecen.

Desde que funciona el Observatorio se han incoado 23 expedientes administrativos, que han culminado en doce resoluciones de sanción, que suman 3.700 euros de multa (la más alta de 600 euros), mientras que hay seis casos pendientes de resolución.

Sáez Aguado apuntó, por último, que en los 49 puntos conflictivos detectados en 2012, sólo en once hubo dos o más percances, y en catorce hubo uno.

Para combatir estas prácticas se han impartido 36 cursos prácticos dirigidos a 635 profesionales.