Los contratos públicos que se hagan a partir de ahora en los municipios de Castilla y León serán más sociales. Ello será posible gracias al convenio de colaboración firmado entre el presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), Alfonso Polanco, y la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, Alicia García.

Este acuerdo llega tras los «buenos datos» de 2017, en el que el Gobierno Herrera incorporó cláusulas sociales a cuatro de cada cinco contratos ordinarios realizados por las consejerías y se adjudicaron el 10,6 por ciento de estos puestos en los centros especiales de empleo y empresas de inserción.

Tras la firma, que fomentará estas medidas en los empleos de la administración local, Alicia García destacó que la contratación administrativa es una «potente palanca» del compromiso con el empleo de las personas con mayores necesidades, cuyas labores mayoritarias están relacionadas con los servicios de lavandería, limpieza, mantenimiento y gestión de instalaciones, servicios comerciales diversos, venta y distribución de productos, servicios de imprenta o de jardinería y forestales.

En apoyo a aquellos que pasan más dificultades, la Consejería propondrá, además, añadir a la lista de colectivos vulnerables a jóvenes mayores de 18 años procedentes de centros de acogida, inmigrantes o refugiados.

Además, el nuevo convenio tendrá en cuenta proyectos de inserción socio-laboral en las obras suscritas a partir de una determinada cuantía o trasladando la filosofía de la contratación administrativa socialmente responsable al ámbito de las subvenciones públicas. En este sentido, García incidió en la idea de primar a las empresas que empleen a más personas en situación de exclusión.

Por su parte, Polanco apuntó que el acuerdo apostará por la formación específica en materia de responsabilidad social para empleados públicos, para un mejor conocimiento de las herramientas disponibles y que así las puedan incorporar a la gestión administrativa durante la redacción de los pliegos.

Por último, se constituirá un grupo de trabajo para la elaboración de directrices, documentación o guías de uso común que facilite a las entidades locales la implantación de aspectos sociales en la contratación, en las subvenciones o en otras áreas del gasto público.

Asimismo, Polanco valoró el acuerdo por el «compromiso que supone con todos los castellanos y leoneses».