Castilla y León
La Guardia Civil velará desde ahora para prevenir riesgos laborales en los pueblos
La delegada del Gobierno de España y el consejero de Empleo de la Junta ponen en marcha un acuerdo en el medio rural
La Guardia Civil velará desde ahora para prevenir los riesgos laborales en los pueblos de Castilla y León. Colaborará con la Dirección General de Trabajo de la Junta y comunicará los riesgos y accidentes en el trabajo que detecte durante sus trabajos para garantizar el orden público en el medio rural.
La delegada del Gobierno de España en la Comunidad, María José Salgueiro; el consejero de Empleo de la Junta, Carlos Fernández Carriedo; y el general de la 12 Zona de Guardia Civil de Castilla y León, Francisco Javier Sualdea, rubricaron un convenio para facilitar el intercambio de información cuando los agentes de la Benemérita detecten situaciones de riesgo grave e inminente para los trabajadores.
Salgueiro recalcó el «espíritu de servicio» de la Guardia Civil, cuya implicación va más allá de sus funciones de orden público. Así, trasladó su satisfacción por cooperar con el Ejecutivo autonómico y constató que el operativo que se pone en marcha pretende «atajar, reducir o eliminar los accidentes laborales y garantizar la calidad en el trabajo y salvar vidas».
Por su parte, Fernández Carriedo explicó que el acuerdo se estructura en cuatro puntos, el primero dirigido a que la Guardia Civil facilite a la Consejería información sobre «irregularidades» que pueda ser útil en materia de prevención. Asimismo, expuso que su departamento «dará cuenta» a la Benemérita de los resultados de las actuaciones que se deriven de esa información.
En tercer lugar, la Junta impartirá cursos de formación específica en prevención de riesgos laborales a los agentes y, finalmente, se creará una comisión de seguimiento del acuerdo, que diseñará actuaciones concretas frente a accidentes, por ejemplo, en el sector agrario y ganadero, que presenta un porcentaje de incidencia de la siniestralidad mayor que en otras actividades.
El coste económico de las malas prácticas en Seguridad y Slud Laboral es de un 4 por ciento del Producto Interior Bruto anual. La Consejería destinará a su prevención 6,2 millones en los presupuestos para 2018.