Castilla y León puede presumir ya de contar con una nueva y ambiciosa Ley de Transporte de viajeros por carretera.

El consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, destacaba ayer que la normativa se adapta a las necesidades de Castilla y León, y da respuestas a sus problemas, como la falta de rentabilidad de las empresas. Igualmente, ponía en valor que se el hecho de que se eleve a rango de Ley el Transporte Rural a la Demanda, una de las señas de identidad de esta Comunidad que se compagina con las líneas de transporte escolar, con el objetivo, según decía el consejero, de favorecer la permanencia de la mujer en los pueblos y, por ende, fijar población.

La norma salía adelante por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, incluido el de Ciudadanos, que aunque había anunciado en los días previos que votaría en contra, finalmente se abstenía al aceptarse numerosas enmiendas parciales de la oposición y reconocer el diálogo que ha habido entre todos los partidos en aras del consenso.

Si bien, la procuradora naranja Belén Rosado, aseguraba que se ha perdido una gran oportunidad de mejorar el sector con esta Ley, especialmente en lo que se refiere al coche autónomo, además de que no evitará el conflicto entre el mundo del taxi y los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC). «Hemos dignificado la política», decía Suárez-Quiñones durante su defensa de la normativa en el hemiciclo, una intervención seguida atentamente desde la tribuna de invitados por miembros de la Federación Empresarial Castellano Leonesa del Transporte de Autocar, del sector del taxi y los principales sindicatos, que se felicitaban por la aprobación de la Ley. Entre las cuestiones que recoge la norma, se reconoce por vez primera al transporte como un servicio público esencial, por lo que se garantiza su accesibilidad en todo el territorio donde haya población asentada y por ello se obliga a la Administración a una adecuada sostenibilidad. Igualmente, incorpora un catálogo de derechos de los usuarios y apuesta por las nuevas tecnologías y por la movilidad sostenible. «Con esta nueva Ley, los castellanos y leoneses se pueden sentir iguales independientemente del lugar donde vivan», señalaba Suárez-Quiñones, quien destacaba también la «seguridad» que ofrecerá a las empresas de transporte de Castilla y León y al sector del taxi, así como la «estabilidad» que dará el empleo mediante la fórmula de la subrogación, y el protagonismo que otorgará a los sindicatos.

Que el ciudadano elija a los diputados

Por otra parte, salvo los cinco procuradores de Ciudadanos que se abstuvieron, debido a que mantienen su apuesta por que se supriman las diputaciones provinciales, el resto de grupos parlamentarios apoyaban una iniciativa impulsada por los leonesistas de la UPL, que pide al Gobierno de España reformar la Ley Electoral (Loreg), para que estas instituciones sean más democráticas y se avance en su modernización. El punto que salía adelante era reclamar que los ciudadanos, con su voto, puedan elegir directamente a los diputados provinciales, en lugar de que sean los partidos como ocurre ahora.