El Gobierno Herrera blinda la atención a las personas en riesgo de exclusión

Castilla y León es la primera región de España que hace piña con su Tercer Sector para garantizar recursos a entidades y programas ante el nuevo modelo de reparto del 0,7 por ciento del IRPF.

Castilla y León blinda la ayuda que las entidades sociales prestan a las personas y familias en riesgo de exclusión, a través de sus diferentes programas.

Y es que la Junta y el Tercer Sector, que aglutina a organizaciones como Cruz Roja, Cáritas, Cermi o la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), han unido sus fuerzas para garantizar financiación a los programas de interés social que tienen en marcha y que benefician, entre otros, a mujeres, niños, minorías étnicas, emigrantes, drogodependientes, reclusos o sin techo, con cargo a la asignación tributaria anual del IRPF.

Un acuerdo, firmado ayer en Valladolid, que convierte a Castilla y León en la primera región de la España autonómica que se hace piña con sus entidades sociales.

Esta unidad permitirá a las organizaciones repartirse el próximo año los fondos que haya en los mismos términos que este ejercicio, ante el futuro reparto del 0,7 por ciento del IRPF que se avecina, derivado de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional ante una demanda de la Generalidad de Cataluña.

Un fallo que ha determinado que el Gobierno de España debe trasladar a las Comunidades Autónomas la gestión de la financiación de las oenegés derivadas de la recaudación de la X solidaria en la casilla de fines sociales de la declaración de la renta.

Un nuevo modelo, basado en una gestión mixta de competencias y aceptado por todas las autonomías en la última reunión del ConsejoTerritorial, ante el que nuestra Comunidad ha querido adelantarse para dar certidumbre y estabilidad a estas entidades sociales y puedan de esta forma continuar con sus programas de ayuda.

«Castilla y León defiende que la asignación que le corresponda del IRPF se destine integramente a programas de interes social, como se lleva haciendo desde hace 20 años, y que ha permitido que este año 118 entidades hayan podido llevar a cabo 353 proyectos con los 20 millones de euros recibidos», decía la consejera de Familia, Alicia García, quien destacaba la importancia de que la Región tenga ya una voz y una visión de Comunidad ante las futuras negociaciones con el Gobierno y el resto de autonomías, «para que no pierda ni un solo euro».

Desde el Cermi, su presidente, el vallisoletano Francisco Sardón, ponía en valor el acuerdo alcanzado, «especialmente -decía- porque visualiza fuerza y unidad y porque las personas más desfavorecidas reciban el aliento de los ciudadanos».

Por su parte, José Varela, de Cruz Roja, advertía de que en este asunto «nos jugamos mucho todos» y apelaba a la «solidaridad y sensibilidad» de los españoles para que se puedan seguir manteniendo las cantidades anuales que hasta ahora. De la misma forma, Antonio Jesús Martín, representante de Cáritas, admitía la incertidumbre generada tras la sentencia del Constitucional y apuntaba también a la importancia de la solidaridad interregional y de seguir todos juntos más allá de 2018 «porque en el caso de Castilla y León es más lo que recibe que lo que recauda del IRPF».

Finalmente, Daniel Duque, presidente de EAPN ponía en valor la casilla de fines sociales «porque ha permitido que durante los años de crisis donde la recaudación bajó, el dinero para proyectos aumentó», y destacaba que la Comunidad tenga claro -algo que no ocurre en otras regiones- que el dinero que se reciba del IRPF redunde en las personas.